El mundo vive hoy un cambio de época. El aumento sin precedentes de la desigualdad global, los efectos cada vez más agudos del cambio climático y la revolución tecnológica que multiplica capacidades y amaga el empleo, señalan que el estilo de desarrollo imperante se ha vuelto insostenible.
Estos desequilibrios han movilizado a la comunidad internacional que ha planteado una hoja de ruta al año 2030, una Agenda para el Desarrollo Sostenible que refleja la amplitud y urgencia de los desafíos globales y que ha puesto al combate a la desigualdad en su centro.
Materializar los objetivos de desarrollo sostenible exige poner en marcha y consolidar instrumentos específicos para su implementación. A este efecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone complementar la Agenda 2030 desde la perspectiva estructuralista del desarrollo y desde el punto de vista de los países de América Latina y el Caribe.
La propuesta se rige por el cambio estructural progresivo y sustentable: un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos que sean intensivos en aprendizaje e innovación; estén asociados a mercados y a la provisión de bienes y servicios en rápida expansión, que permitan aumentar la producción y el empleo, y que favorezcan la protección del medio ambiente y el desacople entre del crecimiento económico con las emisiones de carbono.
Para lograr ese cambio se requiere un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones políticas que las promuevan a nivel global, regional, nacional y local.
Así mismo, la integración regional debe ser potenciada, pues configura el espacio más natural para la creación de encadenamientos productivos, aprovechando la proximidad geográfica y la complementariedad entre las economías nacionales. Es esencial fortalecer la red de seguridad financiera regional, coordinar las políticas fiscales y de atracción de inversión extranjera directa, avanzar en la creación de un mercado único digital, y articular un fondo de resiliencia para los países del Caribe.
Es momento de dar un gran impulso ambiental en América Latina y el Caribe, es decir, generar un paquete integrado de inversiones públicas y privadas coordinadas en distintas áreas para redefinir los patrones energéticos, de producción y consumo, basados en el aprendizaje y la innovación.
Esto demanda elevar la inversión en infraestructura, energía e innovaciones tecnológicas para detener el deterioro ambiental. Al mismo tiempo es necesario adoptar políticas sociales que permitan el acceso universal a la salud y la educación, y que busquen lograr el pleno empleo.
Estas políticas tienen un gran impacto sobre la productividad. Pero la productividad y la universalización de derechos deben ir de la mano: una no es sostenible sin la otra.
Pese a la adversidad del contexto económico que enfrenta la región, el momento actual abre caminos esperanzadores. A eso apuntan las propuestas que la comisión Cepal presentará durante su reunión bienal más importante: el trigésimo sexto período de sesiones, que se celebrará entre el 23 y el 27 de mayo en Ciudad de México, con la participación de altas autoridades de nuestra región.
Ha emergido una ambiciosa y urgente agenda con el crecimiento, la sostenibilidad y la igualdad en el centro. Frente a ella latinoamericanos y caribeños debemos ser protagonistas de nuestro desarrollo. Desde nuestra propia realidad, reconociendo dificultades y potencialidades, imaginando el mañana desde el sur.
