GOBERNABILIDAD

Caos o democracia: Franklin Castrellón

Si el presidente, Ricardo Martinelli, se toma el trabajo de examinar la propuesta que hizo al electorado en 2009 y que lo llevó al poder por una abrumadora mayoría, encontrará que muchas de sus propuestas han sido olvidadas, arrojando dudas sobre su sinceridad como político.

Es cierto que ejecuta obras que reclama el país, pero muchas han sido contratadas prescindiendo de licitación y –según afirman expertos– con sobrecostos. Pero promesas que indujeron a muchos a respaldar su propuesta, como son fortalecer la democracia, modernizar el Estado, enderezar el sistema de justicia, impulsar una reforma integral a la Constitución y luchar contra la corrupción, han quedado, hasta ahora, en letra muerta.

Peor aún, el Ejecutivo ha desarrollado un plan para ejercer un control absoluto en los estamentos de poder y ahora intenta hacer lo propio con el Tribunal Electoral, ya sea en forma directa o a través de la Corte Suprema. El primer asalto a las instituciones públicas se produjo en agosto de 2010 con la separación de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, por la mayoría de la Corte Suprema, meses después de que el Presidente designase a dos nuevos magistrados y un suplente que serían artífices en el cuestionado proceso.

Luego consolidó el control de la Corte Suprema y de la Asamblea Nacional, esta última mediante un censurable proceso de compraventa de diputados tránsfugas apelando a ofertas de acceso al presupuesto del Estado. Y casi simultáneamente se inició un proceso de inscripción masiva en los partidos de gobierno (Cambio Democrático y Molirena), utilizando las mismas prácticas clientelistas que Martinelli condenó siendo candidato.

Aparte de que esas acciones vulneran normas constitucionales y legales y principios éticos, lo más preocupante es la secuencia de hechos que apuntan a una posible manipulación de las elecciones en 2014. Este riesgo lo expresaron en febrero de 2012 los magistrados del Tribunal Electoral, luego de que la Corte estableciera un peligroso precedente al invadir un área de competencia exclusiva del TE, como fue el fallo dictado en torno a la renuncia de Panamá del Parlacen.

Como bien lo señalaran los magistrados Gerardo Solís, Eduardo Valdés y Erasmo Pinilla, “al meterse a interpretar materia electoral que –por mandato de la misma Constitución es competencia privativa del TE (Art. 143)–, la Corte se ha ido más allá de su propia competencia”. En el fallo que encendió las luces rojas, la Corte ordenó al TE darle credenciales del Parlacen a siete diputados de Cambio Democrático que fueron designados de a dedo.

El presidente del TE fue más preciso y advirtió que de seguir en ese camino, la Corte podría repetir el ejemplo de Nicaragua, cuyo Tribunal Supremo permitió al presidente Daniel Ortega correr como candidato en los comicios de 2011, pese a que la Constitución de ese país prohíbe la reelección consecutiva (La Prensa, 13/2/2012). Sus declaraciones fueron endosadas por el resto de los magistrados.

El camino más fácil para materializar un fraude en las próximas elecciones sería el de designar a un incondicional de CD en reemplazo de Solís una vez expire su período a fines de año, y forzar la renuncia de Valdés para hacer otro tanto. Estas acciones darían al Gobierno la mayoría necesaria para manejar el TE igual que lo hace con la CSJ. Pero si no logran forzar la renuncia de Valdés, entonces la Corte terminaría ejerciendo funciones privativas del Tribunal Electoral, como ya lo hizo en el caso denunciado. Y si los magistrados del TE se rebelan, la Corte cuenta con un arma, el Art. 142 de la Constitución, que estipula que “Los magistrados del TE y el fiscal electoral son responsables ante la Corte Suprema de Justicia por las faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones...”.

Como lo visualizo, las inscripciones masivas impulsadas por CD y Molirena tendrían como finalidad contar con suficientes adherentes en el caso de que sea necesario manipular los resultados de las elecciones de 2014 para asegurar el triunfo y la continuidad de la actual alianza gubernamental. La Fiscalía Electoral sería sorda, ciega y muda a las violaciones en que se incurra. Y el TE tendría sobre su cabeza la espada de una Corte controlada por el Ejecutivo. Para darle abono a esta tesis, el Gobierno se ha opuesto abiertamente al proyecto surgido de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y ha intentado forzar reformas que favorecerían sus posibilidades de continuar en el poder. Afortunadamente, la sociedad civil y los partidos de oposición han reaccionado creando un Frente por la Defensa de la Democracia, que ha forzado al Gobierno a llevar ese y otros temas al Consejo de la Concertación Nacional. Organizaciones populares que comparten las inquietudes del Frente deberían integrarse a él, fortaleciéndolo y mejorando su capacidad para defender los intereses de Panamá y los panameños. Ahora que el Presidente ha expresado disposición al diálogo, llevando temas de Estado al Consejo de la Concertación, las organizaciones que lo integran deben poner a prueba esa voluntad política, llevando allí el proyecto de reformas electorales conforme fue concertado, y el proyecto de reformas constitucionales elaboradas por la Comisión de Notables que él mismo designó. El Presidente tendrá la oportunidad de cumplir su promesa de campaña o, en su defecto, conducir al país al caos.

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