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POLÍTICA EXTERIOR

Carta abierta al pueblo panameño: Antonio Saldaña

Culminadas las efemérides con motivo del mes de la patria –194 años de la liberación del yugo español y 112 de la separación de Panamá de Colombia– escribo esta misiva a mis connacionales y de manera particular a los panameños de a pie, con el claro convencimiento de que “los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, primero como tragedia y después, dolorosamente, como tragicomedia.

El presidente de la República ha demostrado ser pro estadounidense –llamó a su pueblo cobarde, porque rechazó su adhesión incondicional al bloque militar anti Estado Islámico (EI)– y quizás sería un anexionista si tal cuestión se volviera a plantear. Es sagaz, aunque precavido y hasta cauto en sus actuaciones políticas públicas. Conoce perfectamente lo que quiere, esto es, extender por más de un quinquenio el control del Estado por parte de la fracción de la oligarquía a la que pertenece y le sirve con acuciosa obsecuencia.

Como todos los de su “clase política”, habla perfecto inglés y tiene un número plural de amistades en Estados Unidos (EU), lo que es bueno y legítimo, siempre y cuando no signifique exponer nuestra seguridad, como individuos y colectividad nacional.

Como muchos de ustedes saben, hace 112 años el grupo de la oligarquía, hegemónico en virtud de las circunstancias, tuvo que acceder a la mediatización de la independencia nacional a través de la aprobación del leonino tratado del Canal, mejor conocido como Hay-Bunau Varilla. Esta encrucijada política ha sido ampliamente debatida y la conclusión de los expertos de todas las tendencias es que fue, objetiva y subjetivamente, lo máximo alcanzable frente al poderoso imperialismo estadounidense.

Otra cosa muy diferente es el oprobio de la historia del primer “camarón” legislativo de la oligarquía política panameña –y que retrata su carácter, no solo antipopular, sino antinacional– que consistió en la introducción del artículo 136 en la primera Constitución de la era republicana, supuestamente para “garantizar la independencia y soberanía de esta república”, actuación innecesaria por cuanto que ello estaba asegurado en el artículo I de la Convención del Canal Ístmico del 18 de noviembre de 1903.

El artículo del tratado Hay-Bunau Varilla dice: “Los Estados Unidos garantizan y mantendrán la independencia de la república de Panamá”, mientras que el artículo 136 de la Carta Fundamental de 1904 expresa: “El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la república de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de tratado o convención aquella nación asumiere o hubiere asumido la obligación garantizar la independencia y la soberanía de esta república”.

Dicho en términos de seguridad, el artículo I de la Convención del Canal se refiere a la seguridad nacional o externa y el artículo 136 de la primera Constitución, a la seguridad pública o interna.

Hace 11 décadas fueron Tomás Arias y Manuel Amador Guerrero quienes, como representantes de la oligarquía, urdieron la estratagema legislativa para obtener la “garantía” de la intervención estadounidense en los asuntos internos a objeto de asegurar a su casta que podrían disponer del erario público a sus anchas, sin la intervención de la población arrabalera. Hoy, la historia se repite, el mandatario y su canciller adhieren a la República –todos los panameños– a la coalición militar encabezada por EU en contra del EI, contrariando los tratados Torrijos-Carter, toda la legislación nacional y tratados internacionales en materia de combate al terrorismo y blanqueo de capitales.

Esto pone en riesgo grave la vida y bienes de los panameños, con el propósito de mostrar la cara tragicómica de la abyección de la oligarquía al “norte revuelto y brutal”. ¡Así de sencilla es la cosa!

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