AL MARGEN DE LA LEY

Changuinola: anarquía y complicidad política: Senén Briceño

El distrito de Changuinola arrastra en su historia hechos inéditos de anarquismo social, en los que la ley, la Constitución, las autoridades y el Gobierno son desafiados por sindicatos amarillos y políticos deshonestos, facinerosos que especulan con la propiedad privada y violan todo principio de orden social. Ha ocurrido en todos los gobiernos y durante toda la historia, un submundo de vivezas y con la acción encubierta de patrocinadores de uno u otro partido gobernante, que a su paso siembra corrupción. Para muestra un botón: la aprobación de una ley para sepultar la justicia en los tribunales y transformar lo antijurídico en un cheque de $600, como premio a la desobediencia, a la arbitrariedad y a las fechorías, la indemnización de la “ley chorizo” de Robinson.

Changuinola, con más de 98 mil habitantes, no es comarca ni reserva indígena, pero a la suma tiene igual cantidad de indígenas que la propia comarca Ño Kribo. Su municipio cuenta al menos con 90 hectáreas de ejidos de tierras que están, por ley, otorgados en un contrato leonino entre la Nación y la empresa frutera, que no hace posible su uso ni permite un desarrollo ordenado hacia el futuro. El precarismo tiene dos ejes, la presión social de la necesidad vestida de una miseria arrogante, en que hay hasta tres familias bajo un solo techo. El otro es la delincuencia organizada que ha hecho del precarismo un jugoso negocio en el que los gobiernos, al margen de la ley y la Constitución, permiten todo tipo de desafueros.

El Art. 47 de la Constitución reza: “Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a ley, por personas jurídicas o naturales”, pero es letra muerta, Changuinola es tierra de nadie. El ius soli se interpreta como en los tiempos de las cavernas, “tomo lo que quiero, donde quiero y a la hora que quiero”, y no hay norma ni funcionario ni gobierno que saque la cara para hacer un alto ante esta desobediencia desenfrenada, con desconocimiento e irrespeto a las normas de orden público y la autoridad. Lo ético y lo moral reposa entre el muladar; el “juega vivo” y la trampa son la práctica común entre delincuentes y funcionarios que se han prestado para la rebatiña contra la propiedad ajena.

La provincia bocatoreña, donde nací por gracia de Dios, y por la que ahora y frente a los hechos que vivimos, me embarga un sentimiento de impotencia y vergüenza pública pareciera condenada al fracaso porque no se acatan las normas de una sociedad civilizada. Lo triste es que los delincuentes organizados se acompañan de la mano de un funcionario que representa en forma directa al Presidente de la República, y que en su afán demencial de convertirse en diputado –no sé si con una agenda aprobada en Presidencia o con agenda propia– se promueve políticamente, nombra a funcionarios y promete tierras ajenas como trueque político, pero con la humillante condición de que se sometan a su temeraria aspiración política.

Es posible, Sr. Presidente, que en su buena fe o para sortear un problema de sus promesas de campaña, decidiera nombrar en la provincia para el cargo de gobernador a una persona que, con desatino en sus actos profesionales del pasado y hoy, como servidor público, se ha ganado el descrédito. Su oportunismo es tal que no escatima nada para lograr su enfermiza e ilusoria aspiración. Resulta que las tierras que son propiedad privada y debe proteger su gobierno, son ahora un botín político de propios y extraños. Sr. Presidente, investigue quién fue el protagonista principal de la película taquillera con el nombre “El escándalo de las tierras de Isla Colón 2000”, y si le queda tiempo véase el estreno de “El escándalo de tierras del Municipio de Changuinola 2009”.

Presidente Varela, por amor a Dios y por respeto al pueblo bocatoreño, le ruego que se apiade de nosotros y nombre a un gobernador con verdadera trayectoria panameñista, profesional, sensato, honesto y que no tenga aspiración política de ninguna clase, para que se dedique a trabajar con transparencia por la comunidad. Le pido, además, que cumpla con su juramento, hecho el 1 de julio del 2014, porque la flagrancia delictiva, si no se detiene ipso facto por orden suya, abre paso a la anarquía, y si omisivamente es tolerada, destruye la pirámide del orden jurídico y el pacto social entre gobernados y gobernantes. Yo lo elegí para que, como presidente, cumpliera e hiciera cumplir la Constitución. Sáquenos de esta inseguridad jurídica, más conviene una decisión tomada a tiempo, con firmeza y responsabilidad, que lamentarse después de los desaciertos y el infortunio.

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