REACCIONES A PROPUESTAS DE OCDE

Cobro por la información tributaria: Ricardo M. Alba

Los países con elevadas tasas de tributación (“infiernos tributarios”), que además gravan las rentas obtenidas por sus contribuyentes fuera de sus países de residencia, como no logran cobrar a estos los impuestos por rentas de fuente externa, han transferido al resto del mundo, especialmente a los países que son receptores de sus inversiones, la responsabilidad forzosa de ayudarle a recaudar tales impuestos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), club de infiernos tributarios y países ricos, impone  esta transferencia forzosa de responsabilidad por medio de su programa de “Competencia Tributaria: un asunto global emergente”, que data de 1998, para cuya ejecución han generado y puesto en práctica unilateralmente regulaciones y métodos, y ha creado organismos que son controlados por la OCDE como es el caso del Foro Global sobre Transferencia e Intercambio de Información Tributaria y el Grupo de Revisión Paritaria.

La OCDE no disimula que su verdadero  interés  no es mejorar el grado de transparencia de la información tributaria en los diferentes países, ni aún aquella  relacionada con las actividades de sus residentes en el extranjero, sino facilitar el acceso irrestricto, amplio y expedito de esta información a sus miembros.  En consecuencia, han elaborado instrumentos para el suministro de la información a requerimiento como son la reforma de los artículos 25 y 26 del Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación y el Acuerdo para el Intercambio de Información Tributaria,  hasta el Modelo para el Intercambio Automático de Información y un mecanismo del tipo de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Externas de EU.

El esquema de aplicación de sus presiones por parte de la OCDE, tanto en el ámbito tributario como en el de blanqueo de capitales,  es “nombrar, culpar y avergonzar” (name, blame and shame).  Los países que no ceden fácilmente a la presión son nombrados (listas negras, grises, blancas), culpados (listas de no cooperadores) y avergonzados (daños de reputación y amenazas de aplicación de sanciones por el Grupo del G-20 y otros organismos controlados por los infiernos tributarios.

Panamá ha sido, es  y será objeto de todo este esquema de presiones, amenazas y medidas discriminatorias, a pesar de que en virtud del principio de territorialidad fiscal no recibe información sino únicamente la suministra.  Es acertado entonces el planteamiento del señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la Organización de Naciones Unidas en el sentido de que Panamá examinará el intercambio automático como un asunto estrictamente bilateral, sujeto a la conveniencia del país.  No obstante, en desarrollo de una política nacional efectiva, coherente, viable y de largo plazo sobre intercambio de información tributaria, es necesario incorporar los elementos siguientes:

1. Panamá debe ser compensada por el suministro unilateral de información tributaria, en lo que respecta al costo administrativo del suministro y a la pérdida de competitividad de sus servicios y, más aún, por la ventaja económica que produce esa información para la recuperación tributaria y otras ventajas económicas y de aplicación de la justicia interna en el país receptor.

2. Esta compensación debe gestionarse bilateralmente y concretarse en beneficios de todo tipo para cualquier sector económico o social  de Panamá, sin limitarse a proveedores de servicios legales o bancarios.

3. La gestión de compensación necesita el esfuerzo organizado y diligente del país (Gobierno y Sector Privado)  para tener en todo momento a disponibilidad un inventario de las ventajas que debe negociar con cada interlocutor tributario. 

4. Es de fundamental importancia contar con equipos profesionales con la debida solvencia técnica, carentes de conflictos de intereses e identificados con el interés nacional.  No menos importante es la capacidad  moral del Gobierno de Panamá, que logre generar en los interlocutores el debido respeto y atención.

5. Esta política de compensación por el suministro unilateral de información tributaria debe ser un acto autónomo e independiente de Panamá, sin estar sometido a tutela de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial ni de ningún otro Gobierno extranjero u organismo internacional.

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