PRINCIPIOS BÁSICOS

El ‘Código de Ética’ del funcionario: Vicente A. Caballero Díaz

La crisis actual del funcionario o del servidor público, que no es reciente, debe llamar la atención a una doble reflexión porque se trata del trabajador que desempeña vitales funciones en los órganos públicos del Estado, o bien, de la comunidad, responsable de salvaguardar los intereses y la integridad efectiva del despacho o la oficina bajo su cargo. Los eventos que han estremecido la administración pública en los últimos 10 o 12 años manifiestan lo imperativo que es retomar el Decreto Ejecutivo 13, del 24 de enero de 1991, desarrollado por el expresidente Guillermo Endara, sobre la ética y la moral del funcionario.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa dictó normas referentes a la transparencia en la gestión pública y facultó a toda dependencia del Estado, municipios y juntas comunales, dictar un Código de Ética adecuado para normar el funcionamiento de cada institución.

Los múltiples casos surgidos con diferentes matices en la administración pública imponen sacar a la luz los 47 artículos relevantes que tocan los aspectos fundamentales que deben practicar los empleados, en general. Pero resultaría irrelevante que se estampen en cartulinas o folletos ilustrados, si el trabajador no se apega a los preceptos que deben normar su conducta y sus funciones en una institución.

El mencionado decreto enfoca principios básicos que tiene que practicar el que cumple con un servicio remunerado o ad honorem en una dependencia, como la probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad, transparencia, igualdad, respeto y liderazgo, entre otros aspectos inherentes a un buen funcionario.

Se exige y se hace un llamado respetuoso a todos aquellos servidores que llevan sobre sus hombros tales deberes y responsabilidades, a actuar así como dice textualmente el decreto: “El servidor público no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, amparándose en el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

No es casual citar el decreto de marras en estos momentos de contradicciones en el plano nacional.

Con verticalidad, el susodicho artículo pone el dedo en la llaga, ante los hechos que han empañado la conducta de muchísimos exfuncionarios llamados a servir dignamente.

Por otro lado, el servidor público tiene el deber ineludible, según ese mismo Código de Ética, “de utilizar los bienes del Estado que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones, de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento”.

El funcionario tiene que empinarse, con hidalguía, verticalidad y sin titubeos; actuar dentro del marco de respeto y reconocimiento de los derechos de terceros. No se trata de una imposición arbitraria o dictatorial la que combatimos y ya superamos. Se trata del orden y armonía en democracia. De una mejor convivencia social con respeto y libertad.

Si hacemos un análisis retrospectivo del comportamiento, en general, de las personas que utilizan los bienes del Estado por mandato de sus funciones, llegamos a la conclusión de que se está pasando por encima de sus atribuciones y se violenta y se irrespeta el mandato legal de sus funciones. Se antepone un dicho muy popular que reza: “Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Es más el código en mención faculta a cualquier funcionario para que denuncie ante su superior o autoridades, todo acto que observe y que cometa cualquier empleado y que violente las disposiciones contempladas en el Código.

Por último, sin temor a equivocarme, manifiesto que si muchos funcionarios se hubiesen apegado a las normas esbozadas en términos generales, tal vez, no hubiesen caído en esta vorágine de vergüenza que hace noticia todos los días en nuestro país.

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