DESCAPITALIZACIÓN DEL ESTADO

Colapso de gobernabilidad: Roberto Arosemena Jaén

El derecho de propiedad que la plebe romana le arranca a los poderosos se mantuvo por milenios. Los españoles la introducen en la colonización, la mantuvo Andrés Bello en los códigos civiles del continente y Panamá la adopta, pragmáticamente, con las constituciones liberales. Se podía pasar de la posesión a la propiedad por un proceso judicial de uso capioni o de prescripción adquisitiva.

Llegó la Alianza del Cambio y se aprueba el hecho arbitrario de la dádiva adquisitiva. La autoridad de titulación de tierras es una institución política sin jueces civiles, sin partes de un proceso y sin recursos de ninguna instancia. Los excesos previsibles explotan en el mismo Palacio de las Garzas. La improvisación de ejecutar promesas demagógicas de campaña se apodera de los medios críticos de comunicación y de un pequeño sector de la sociedad civil que denuncia las irregularidades de la Anati.

Por el contrario, el gran sector de población que se beneficia de la dádiva adquisitiva y el pequeño sector de empresarios especulativos que compra y está dispuesto a pagar por la propiedad acelerada y para evitar el gran rodeo de los trámites judiciales de décadas de duración mantienen silencio y se aprovechan del exabrupto jurídico.

El problema es la inseguridad de una ley ilegítima, inconsulta, demagógica y explosiva a corto plazo. Todavía se está ejecutando y ya produjo una crisis de Gabinete, todo lo disimulada que se quiera, pero crisis de calculables consecuencias para el gobierno del cambio.

¿Qué pasará cuando se hagan público los destinatarios finales de esos miles de titulaciones concedidas a humildes poseedores que nunca llegaron a ser propietarios, porque lo importante no era la tierra que adquirían sino el precio de mercado que pudieron obtener? La dádiva no genera riqueza ni es un factor de producción, como tampoco lo son las regalías que obtienen los especuladores internacionales.

Lo deleznable de esta operación es la descapitalización del Estado, el incremento del costo de la vida por el aumento del circulante. A nivel político surgen las nuevas lealtades de las masas que recibieron títulos y de las transnacionales de la especulación que saben pagar estos favores, con el financiamiento encubierto de campañas electorales, publicaciones y eventos deportivos de distracción.

Urge reflexionar sobre estas violaciones a tradiciones milenarias sobre el uso y traspaso de la tierra. La propiedad es uno de los elementos esenciales de los derechos individuales frente a las comunidades y a los gobiernos. Todavía los fundamentalistas de la propiedad individual y de la propiedad estatal tienen círculos ideológicos para defender sus pretendidos derechos y ofrecer argumentos de peso sobre la conveniencia e inconveniencias de la propiedad individual o corporativa, pero callan frente a los jefes de la Anati.

Lo sorprendente es la permisividad de la sociedad, sobre todo de nosotros los abogados, por haber mantenido silencio sobre la politización del traspaso de las tierras y la sustracción del ámbito de la administración de justicia.

El derecho civil sigue siendo unos de los pilares del mundo que rechaza la violencia y opta por la convivencia pacífica en base a un estado democrático de derecho. Panamá no puede sustraerse del ámbito del derecho por las simples ocurrencias de un mandamás de turno.

Aquí no se trata de modificar la Ley de la Autoridad de Titulación de Tierras como quieren algunos arrepentidos de la Alianza, aquí se trata de restablecer el procedimiento judicial de la prescripción adquisitiva con el claro objetivo social de favorecer a las partes más débiles que en este caso son los poseedores, pero permitiendo a las partes concurrir en el proceso. El administrador político tiene que renunciar a su voracidad de entregar el futuro de la nación a gente empobrecida y a los audaces especuladores bajo el espejismo de una próxima reelección.

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