RESTRICCIÓN CARCELARIA

Comunicaciones censuradas: Hipólito Gill Suazo

Recientemente, las autoridades penitenciarias adoptaron un conjunto de dispositivos técnicos tendientes a impedir o “bloquear” las comunicaciones telefónicas de las personas privadas de libertad.

Es una “decisión administrativa” que no ha tenido ningún debate ciudadano, como ocurrió en su momento con la eliminación de los antecedentes policivos y penales. El argumento esgrimido en relación con esto último era que en otros países se adoptó por considerar que se conculcaban los derechos humanos de quienes habían cumplido su condena y no podían reintegrarse “útilmente” a la sociedad, medida que en nuestra legislación se reformó no en base al argumento de violación de los derechos humanos, sino porque se consideró como un peligro contratar a personas con antecedentes penales y policivos, y hubo denuncias de hechos delictivos que “justificaban” la exigencia del “récord policivo”.

El punto es que no ha habido ningún debate sobre las comunicaciones telefónicas del detenido. Pero, para evitar improvisaciones y violaciones de garantías fundamentales, lo que corresponde es revisar los antecedentes, legislaciones, análisis, estudios y recomendaciones que se han adoptado sobre el tema. Por ejemplo, se considera como una verdad “indiscutible” que todos los documentos que salen de la prisión deben ser objeto de censura y registro. Debemos empezar a discutir sobre la legitimidad de estas medidas en contra de los privados de libertad. Es insuficiente –y hasta irracional– invocar la costumbre y los métodos tradicionales de las prisiones para mantener una práctica “administrativa” de restricción y comunicación, sobre todo, cuando se trata de la libertad de los ciudadanos.

Podemos seguir insistiendo en el carácter “legal” de la censura de todas las comunicaciones –escritas o verbales– del “detenido”, sea preventivo o condenado, pero lo que no debemos hacer es agregar limitaciones que la ley no contempla. No hay que olvidar que la privación de la libertad, en el caso de los sentenciados a la pena de prisión, es una sanción penal que únicamente limita la libertad ambulatoria del detenido. Es cierto que, por su propia naturaleza, implica otras limitaciones, pero ello no legitima adicionar restricciones que la sanción impuesta no contempla.

Están excluidos, por lo tanto, los malos tratos, las sanciones administrativas inhumanas, la falta de asistencia social y espiritual como la alimentación, educación, salud, creencia, recreación, comunicación extramuros y visitas, entre otras.

Estos aspectos “colaterales” de la detención han quedado, lamentablemente, “librados” al régimen penitenciario, sin ningún fundamento constitucional y legal. Debe erradicarse la idea de que los detenidos son despojos de la sociedad, lo digo porque hay funciones no declaradas –y a veces ocultas– de las penas privativas de libertad y verdades incontestables que algunos quieren desconocer. Como se ha denunciado, insistentemente, los “reclusos” no llegan gratuitamente a la prisión, y además se sabe que en los centros de detención no se encuentra a los protagonistas de los delitos más graves que se cometen en contra de la sociedad.

Las autoridades administrativas y penitenciarias están convencidas de que la prisión acarrea, por sí misma, limitaciones como el aislamiento absoluto y en lugares distantes, y la revisión y censura de todo lo que dicen o escriben los detenidos. Esto incluye que las visitas familiares se reglamenten en el tiempo y en el espacio, de lo contrario implicaría una desnaturalización de la “sanción”.

Como es obvio, nada de esto es absoluto y la mayoría de las veces no se justifica. Porque, como lo evidencian las estadísticas, no todos los detenidos están sentenciados, esto sin contar que la prisión implica una muerte anticipada, teniendo presente que los recluidos están privados de las más elementales necesidades de subsistencia.

El debate en torno a esta medida –que a nuestro criterio no tendrá éxito– debe centrarse en si ha de aplicarse indiscriminadamente a todos los detenidos y revaluar si no implica un elemento adicional de violencia institucional, que no favorece la “disciplina carcelaria”, porque se agregan restricciones que pueden generar más violencia.

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