Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

FALTA DE MECANISMOS DE REGULACIÓN

Los pinchazos telefónicos y el Consejo de Seguridad Nacional: Severino Mejía

Cualquier intento de realizar escuchas sin la debida autorización de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia es un delito contra la intimidad y reserva de la comunicación de los ciudadanos. Si el Consejo de Seguridad Nacional las realiza a sabiendas de la violación que comete es algo difícil de corroborar, aun cuando es de conocimiento público que esta instancia dispone de los recursos tecnológicos a su alcance para ejecutar las intervenciones telefónicas.

Cuando la administración del presidente Martín Torrijos aprobó el Decreto-Ley 9 de 20 de agosto de 2008, que reorganizaba el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional y creaba el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, uno de los puntos más sensibles en su estructuración era, precisamente, establecer un control judicial previo para impedir que pudiese de forma discrecional efectuar actividades que conculcasen los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Dicho servicio fue el único de los cinco decretos ley aprobados en la administración anterior (Senan, Senafront, la carrera policial del SPI y la modificación a la Ley 18 de junio de 1997 de la Policía Nacional para que un uniformado pudiese ser director), derogado por el gobierno actual (Ley 11 de 18 de marzo de 2010).

El artículo 51 del Decreto Ley 9 decía: “De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de la República de Panamá, el director Nacional del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad deberá solicitar en los términos y supuestos previstos por el presente Decreto Ley, autorización judicial para la adopción de medidas que pudieren afectar las garantías y derechos individuales de los ciudadanos, contempladas en los artículos 26 y 29 de la Constitución Política, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimento de las funciones asignadas al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, cuando existan indicios racionales de peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de Panamá, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho, sus instituciones, la vida e integridad de las personas”.

El artículo 45 señalaba cuáles eran las prohibiciones al funcionario de inteligencia entre las que estaban realizar actividades que conculcasen las garantías fundamentales del individuo y desarrollar espionaje político.

Uno de los puntos más innovadores era lo establecido en el artículo 47, en el que se indicaba que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad sometería al conocimiento de la Asamblea Nacional la información apropiada sobre sus actividades, a través de su directiva, hasta tanto se estableciera el mecanismo apropiado, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos de ese decreto ley.

El Consejo de Seguridad Nacional actual se crea mediante Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010. Es un organismo consultivo y asesor del Presidente en materia de seguridad pública y defensa. Está integrado por el Ministro de la Presidencia y el Presidente. En cambio, el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional estaba integrado por el Ministro de Gobierno y Justicia, el canciller, el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente de la República.

Si bien es cierto que en su artículo 13 el Consejo de Seguridad Nacional tiene como prohibición vulnerar los derechos y las garantías fundamentales del individuo, así como la realización de actividades que involucren el espionaje político, no hay ningún articulado que contemple el control judicial previo, el sometimiento de informes a la Asamblea. Además, su personal no es de carrera, sino de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República.

Hay que transitar de un decreto ejecutivo a una ley de la República que permita regular de forma transparente las tareas que ejecuta esta instancia importante del Estado panameño.

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