DE ACUERDOS Y PACTOS

Constituyente y gobernabilidad: Carlos Guevara Mann

El nuevo gobierno ha buscado la gobernabilidad a través de pactos con partidos desacreditados, en el seno de una Asamblea Nacional que se encuentra en su punto de mayor desprestigio desde el derrocamiento de la dictadura militar hace 25 años, en 1989.

Un modelo distinto, más coherente con las expectativas del considerable segmento de la ciudadanía que votó por el presidente Varela, es el de la asamblea constituyente soberana para restaurar los fundamentos institucionales de la república, promover la confianza y creatividad ciudadana, y comenzar a encaminar la vida pública por senderos de probidad y atención a las necesidades insatisfechas de la población.

Contrario a lo que algunos sostienen, la asamblea constituyente soberana no representa una ruptura con el orden constitucional, un golpe de Estado o nada que se le asemeje. La constituyente es un recurso a la soberanía popular, que es, a su vez, el fundamento del Estado democrático. Nadie que sea partidario del sistema democrático puede negarlo.

Recurrir a la ciudadanía para que ejerza el poder constituyente que le corresponde no puede ser inconstitucional. Hasta la Constitución que nos rige, con todas sus imperfecciones, reconoce que “el poder público solo emana del pueblo” (Art. 2).

Lo que sí es inconstitucional es degradar los órganos del Estado a través del fraude electoral en las votaciones para diputados, alcaldes y representantes, así como mediante nombramientos amañados de magistrados, procuradores y otros altos funcionarios, y corromper su funcionamiento a través de acciones violatorias de la ley, como –tristemente– ha ocurrido en Panamá en años recientes.

Los acuerdos de gobernabilidad con partidos desprestigiados impondrían una camisa de fuerza al presidente Varela que puede impedir el cumplimiento de sus promesas de campaña. En este período, la ciudadanía espera del gobierno que se conduzca con transparencia y corrección, y que tome medidas acertadas para impulsar un mejoramiento en las condiciones de vida, bastante deterioradas por el desgobierno y la corrupción.

En las circunstancias actuales, los pactos entre partidos abren la puerta al chantaje político. Según la costumbre prevaleciente, quienes tienen en sus manos la facultad de aprobar o rechazar las medidas que el gobierno quiere tomar –desde leyes de la república hasta ratificaciones de funcionarios designados– suelen exigir una compensación personal por su apoyo.

Para la reputación del nuevo gobierno sería desastroso caer en ese juego. Minaría rápidamente la legitimidad de que sin duda goza por haber ganado la elección presidencial con significativo respaldo popular.

Una constituyente de plenos poderes, elegida popularmente de acuerdo con reglas democráticas, que permitan la más amplia participación y la integración de una convención por delegados idóneos y representativos de la sociedad, no solo proveería al país de una nueva ley fundamental, adecuada a nuestras circunstancias. También permitiría dar inicio a una necesaria labor de saneamiento institucional, incorporaría democráticamente al debate público a sectores marginados, y contribuiría a legitimar el sistema político, en aras de una mayor estabilidad y una más armónica convivencia entre panameños.

El principal temor de algunas minorías al respecto de una constituyente originaria o soberana es, precisamente, que podría iniciar una renovación amplia del Estado. En este sentido, suele citarse el precedente de la Convención Nacional Constituyente de 1945-1946, cuya primera actuación fue la de despedir al presidente de facto, Ricardo Adolfo de La Guardia.

A este señalamiento hay que responder que las constituyentes debidamente integradas, con personal idóneo, representativo de la sociedad, operan en comunicación con sus mandantes o representados y en sintonía con las realidades nacionales.

En el caso de la Asamblea Constituyente de 1945-1946, desalojar de la Presidencia a quien en 1941 usurpó el poder ejecutivo y pretendía perpetuarse en el gobierno era lo que esperaba de ella la ciudadanía. En ese punto, la Convención actuó correctamente, eligiendo a don Enrique A. Jiménez para la primera magistratura de la nación.

También es relevante considerar que las dos experiencias constituyentes que hemos tenido desde la fundación de la República (1904 y 1945-1946) no fueron, de ninguna manera, procesos disociadores ni desestabilizadores de la sociedad, como lo recuerda el Dr. Ítalo Antinori en Panamá y su historia constitucional (1808-2000). Antes bien, ambas contribuyeron a estrechar los vínculos entre los ciudadanos y a fortalecer nuestra identidad como estado democrático de derecho.

Esos son fines importantes que quisiéramos obtener, en estos momentos, de una asamblea constituyente soberana.

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