SEGURIDAD

Construyendo la percepción: Carlos David Castro

De acuerdo al nivel del debate que observamos, no estamos muy seguros de que el ministro de la cartera conocía realmente las implicaciones de lo que él señalaba cuando le atribuía a la percepción un gran peso en el diagnóstico de la seguridad o (in) seguridad en el país. Aparentemente, el ministro deseaba resaltar la contraposición entre percepción y realidad como dos hechos distintos o incluso opuestos.

Resulta, sin embargo, que la llamada percepción es un hecho tan real y concreto como las frías cifras de incidencia de delitos del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, la vivencia de la criminalidad diaria en los barrios o el pesar que viven en carne propia las víctimas del sicariato.

Tanto los parámetros que permiten identificar objetivamente los hechos criminales, como las percepciones subjetivas, son construcciones sociales elaboradas por la misma sociedad y, como tales, pueden ser definidas como hechos reales, tanto en sus orígenes como en sus efectos. Es decir, como hechos objetivos. Ambas instancias tienen consecuencias materiales y concretas y a veces hasta irreversibles.

Un pueblo que percibe la inseguridad como un peligro inminente para su bienestar, que percibe la impunidad como un hecho aceptado o un antivalor difícil de erradicar, o que asume que el crimen organizado está mejor equipado que el Estado y sus estamentos de seguridad para hacerle frente a la violencia, es un pueblo que actuará en consecuencia y, por lo tanto, será proclive a usar la fuerza y la violencia, organizada o no, como respuesta para preservar su propia seguridad.

De la percepción a la acción real solo hay un paso. La percepción y la realidad son las dos caras de una misma moneda. Aparentemente, esto no lo ha entendido el ministro de Seguridad con claridad, o se lo han explicado mal.

Llama la atención, sin embargo, que los medios sociales, la llamada opinión pública, los gremios, algunos sectores de la sociedad civil y las redes sociales, estas últimas influenciadas por aquellas o viceversa, parecieran utilizar los mismos criterios estrechos que utiliza el Ministerio de Seguridad para definir el alcance de la percepción. Es decir, separar la percepción de la realidad. En otras palabras, se han dado a la tarea de demonizar el concepto de percepción, sin dar nada a cambio en términos de soluciones.

Detrás de esta satanización subyace un abordaje perverso del problema que, en el peor de los casos, y en el contexto de una sociedad democrática, nos estaría abocando, peligrosamente, a desconocer las percepciones y opiniones libres y espontáneas de los ciudadanos. Este desconocimiento sería un magnifico caldo de cultivo para la intolerancia y el autoritarismo en una sociedad, de por sí, carente de una sólida cultura política y portadora de una pobre formación cívica.

La seguridad ciudadana, para que sea efectiva debería ser lo más imperceptible posible. Nadie tendría que estar preocupado por la seguridad. Las prioridades y urgencias deberían estar dirigidas hacia la elevación cultural y espiritual del pueblo y de su calidad de vida.

Pero para que esto ocurra las prioridades en este momento deben apuntar al combate contra la impunidad y la justicia selectiva a favor de los que más tienen; fortalecer la cultura política y cívica de los ciudadanos (combatiendo el clientelismo y paternalismo), y desarrollar una política pública de seguridad que no haga ruido pero que dé resultados en términos cualitativos. Esto es, que produzca una percepción que se traduzca en hechos reales, como serían la paz y tranquilidad de los asociados. El programa Barrios Seguros es la mejor demostración del fracaso de una política permanente de seguridad pública. Se trata de un proyecto demasiado ruidoso y visible, que lo que produce es la percepción de que el Estado ha capitulado frente a la delincuencia.

No sería, entonces, una mala noticia el que podemos utilizar la percepción de la opinión pública como un instrumento para combatir el crimen organizado, la violencia doméstica, la corrupción o la impunidad. Pero sí sería una mala noticia, si nos seguimos aferrando a viejos paradigmas y seguimos confundiendo el combate a la criminalidad con una acción táctica para garantizar una mala entendida gobernabilidad durante cinco años de gobierno.

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