MEDIOAMBIENTE

Contaminación, ¿realidad o utopía?: Elviuris Cogley Canto

La actual sociedad ha desarrollado medios industriales y científicos que originan fuentes de contagio, deshonran el medioambiente y crean peligros para la salud humana, poniendo en riesgo la supervivencia de la especie. Paralelamente, el hombre se beneficia de la tecnología y se espera aún más beneficios, por lo que la solución no es restringir o eliminar el progreso técnico, sino tratar de que coexista en condiciones ambientales suficientes que permitan un desarrollo armónico y saludable.

Por otro lado, existe una tendencia a tratar de establecer relaciones económicas sin tener en cuenta la madurez y sensatez requerida para evitar lacerar al ser humano y a los seres vivos.

Las leyes sirven para gobernar la conducta de los hombres, estableciendo deberes, derechos y obligaciones de mando en determinados momentos; es por ello que los ciudadanos no pueden ni deben quedarse relegados en la preocupación por el medioambiente y su deterioro. El derecho a un medioambiente sano está protegido constitucionalmente, por lo tanto, con trascendencia a todos aquellos que se verán afectados con un ataque o laceración de este. Esto significa que también los particulares puedan, mediante el ejercicio de las acciones legales correspondientes, poner remedio a un problema con trascendencia general y particular.

Con la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, se crea la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) como una entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y ambiente, para asegurar el cumplimiento y la aplicación de leyes, reglamentos y la política nacional en esta materia.

La Anam responde a la obligación del Estado de velar por la conservación ambiental, establecido expresamente en la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, que señala: “Toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental”. Toda vez que esta sobrepase los límites permisibles, violentando las leyes vigentes, los infractores tendrán que responder penal, administrativa o civilmente, según sea el caso.

Nuestra carta magna señala que el Estado tiene la obligación de conservar y proteger el ambiente como patrimonio de todos los panameños, pero no solo tiene la obligación de salvaguardarlo, sino de administrar, de manera coherente, los recursos naturales renovables y no renovables. Finalmente, es importante recalcar que la principal solución a los problemas ambientales es la educación en todos los niveles y sectores de la sociedad, ya que esta y otras medidas de corte económico, político, tecnológico, etc., vienen de la mano de la educación, en este caso de la ambiental.

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