DEMANDA DE JUSTICIA

Una Contraloría decorativa: Marcos A. Ruiloba

Haber demostrado ineptitud y negligencia notoria en el ejercicio de sus funciones, le costó a la titular de la Contraloría General de la República, Gioconda Torres de Bianchini, el escarnio público, la humillación y el desprestigio como profesional. Según el artículo 1 de la Ley 32, del 8 de noviembre de 1984 (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República): “Es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de fondos y bienes públicos y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos”.

Al parecer, la misión encomendada por este instrumento jurídico al funcionario que ocupa tal cargo no fue claro ni entendible para esta funcionaria. Los escándalos públicos, con ribetes de corrupción que empañaron la gestión presidencial del señor Ricardo Martinelli, ponen en evidencia la nociva, perniciosa y perjudicial actuación de Torres de Bianchini en ese puesto.

No solo permitió hechos punibles, sino que promovió la delincuencia e impunidad en actos de corrupción. Con esto, el mensaje que se le envía a las futuras generaciones es que en Panamá el crimen paga, que la moral y la ética son valores negociables y pueden ser practicados, según la conveniencia propia.

Los fondos y bienes estatales derrochados son de todos los panameños, y quienes aspiramos a trabajar por una mejor calidad de vida sentimos impotencia al ver la malversación de activos y las actuaciones que llevaron a dilapidar el patrimonio de toda esta generación. Como si fuera poco, el cinismo con que se encaró el llamado de la Asamblea Nacional, le dice al país que la rendición de cuentas, consagrada en la Ley Orgánica de la Contraloría, es basura. Que Alí Babá y su séquito de delincuentes son modelos de ciudadanos ejemplares y dignos de ocupar una curul en el Parlamento Centroaméricano.

Mientras los colonenses, como este servidor, rezamos para que se respetaran nuestros derechos humanos, los funcionarios saqueaban las arcas del erario a sus anchas, y los responsables de fiscalizar, regular y controlar el movimiento de los fondos y bienes, ejercían una función decorativa e indiferente ante la malversación.

El Art. 55 del Decreto No. 26 del 17 de mayo de 1984 (Código de Ética para los Contadores Públicos Autorizados en Panamá) expresa: “El contador público autorizado que desempeñe un cargo en los sectores público y privado no debe participar en la planeación o ejecución de actos que puedan calificarse de deshonestos o indignos, o que originen o fomenten la corrupción en la administración de los negocios o de la cosa pública”.

La Ley 57, de septiembre de 1978, reglamenta esta profesión en Panamá y, en su Art. 22, establece las sanciones que se le deben aplicar a los contadores idóneos que contravengan las normas del Código de Ética. Esperamos que los miembros de la Junta Técnica de Contabilidad, organismo vigente y encargado de velar por el cumplimiento de esta ley y de las disposiciones contenidas en el Código de Ética, adopten una postura ecuánime y hagan valer esos postulados, además de la justicia en las investigaciones que se deriven de las actuaciones de la funcionaria que fue objeto de cuestionamientos por parte de los diputados de la Asamblea Nacional. El silencio cómplice que adoptó la Contraloría General ante los actos de vandalismo y el saqueo de los bienes públicos no debe quedar impune. Hay que aplicar una sanción ejemplar para que esto no se repita en la actual y en las futuras administraciones que ocupen el solio presidencial. La destitución del cargo no es suficiente, la contralora debe enfrentar un juicio de carácter penal, con la imposición de una condena que contemple pena de cárcel.

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