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Cultura de la ilegalidad: René Quevedo

El documento Visión País 2025 de la Apede señala, en su página 27, la necesidad de adoptar una “cultura de la legalidad”, que define como: “Un mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. Es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un estado de derecho”.

El documento plasma las cinco características de una sociedad que practica la cultura de la legalidad: 1. Responsabilidad comunitaria para cooperar con las autoridades y respetar la ley. 2. Se interesa y conoce las normas básicas que la regulan 3. Respeta las normas. 4. Rechaza y condena los actos ilegales. 5. Colabora con las dependencias del sistema de procuración de justicia.

Sin embargo, hay indicios de que marchamos hacia una sociedad más tolerante con el delito y el “juega vivo”. La comparación de los resultados de la IV Encuesta de Percepción de Seguridad Ciudadana, publicada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en marzo 2014, con los obtenidos por la encuesta similar publicada en 2011, aporta datos preocupantes.

En ese período de tres años se constató que un 38% más de personas delinquiría para “resolver”; un 65% más ciudadanos cometería delito, si sienten que hay impunidad, y un 43% más usaría la violencia para obtener beneficios económicos. En ese período (2011-2014) el empleo aumentó 17% (casi 250 mil plazas se abrieron en la economía) y el PIB creció, en promedio, el 9% anual.

Panamá es un país de desigualdades, con las tasas de crecimiento económico, generación de empleo y alienación social más altas de su historia, a la vez. Es la segunda nación más rica de Latinoamérica, con 13 de los 15 rascacielos más altos de la región y casi dos teléfonos celulares por habitante, pero tres de cada cinco ciudadanos son pobres, y uno de cada cuatro trabajadores con empleos formales no puede alimentar a sus familias, porque sus ingresos mensuales están por debajo del costo de la canasta básica.

Pero la necesidad no justifica el delito. Este es la antítesis del derecho, erosiona a la sociedad y nos devuelve a la anarquía, al lado salvaje del ser humano y a la negación de la especie, como tal. Quien se coloca, de forma consciente, la etiqueta de delincuente deja en claro que no forma parte de un grupo social, que está en contra de la justicia, de las instituciones y del derecho. La cultura de la ilegalidad modifica la realidad, se vuelve parte de ella, se acomoda al concepto de sociedad, de lo que es normal y se vuelve más peligrosa cuando comenzamos a aceptarla, como las estadísticas parecieran sugerir. Debemos cambiar esto. Nuestro futuro no depende de lo que pasará mañana, sino del impacto futuro de las decisiones que tomemos hoy.

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