SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Datos e interpretaciones...: Daniel R. Pichel

Ya llevamos más de dos semanas dándole vueltas al proyecto de ley 61 que se refiere a temas de salud sexual y reproductiva. Como suele suceder con estos temas, hay muchas opiniones tanto a favor como en contra que han contribuido a enriquecer la discusión. Otros, no solamente han tratado de confundir las cosas, sino que se basan en premisas tan equivocadas como absurdas, confundiendo a quienes buscan elementos para sacar una conclusión lo más informada posible. Por eso, es pertinente revisar lo que ha pasado durante los últimos 15 días.

Algo positivo para la discusión, es que, salvo uno que otro fanático de los que siempre hay, se ha logrado mantener el tema religioso fuera de la discusión. Salvo tres o cuatro opiniones totalmente fuera de lugar que parecen más un exorcismo que un argumento racional, lo que se ha discutido ha versado alrededor de conceptos médicos, epidemiológicos y legales. Eso, comparativamente a lo que tuvimos en 2008, cuando se intentó discutir el tema, ya es un gran avance. Los países civilizados del siglo XXI deben discutir los temas de salud pública alejados de los púlpitos y limitarse al análisis serio de información científica o legal.

En las redes sociales la discusión ha sido muy interesante, participando gente de diferentes creencias, edades y grupos sociales. En su mayoría, dentro de un marco aceptable de respeto por las opiniones ajenas. Salvo cuando alguien dice una de esas barrabasadas indomables, se han podido aclarar muchos conceptos en relación al tema.

Preocupa la grandísima cantidad de personas que opinan del anteproyecto, sin haberlo siquiera leído. Así, hay un montón de gente que emite juicios categóricos bajo argumentos que demuestran que ni siquiera se han tomado el trabajo de conseguir el texto para enterarse de lo que dice. Así, quienes alegan violaciones de la patria potestad, quedan sorprendidos cuando se les lee el artículo que dice taxativamente que ninguna disposición de la ley podrá ir en contra del ejercicio responsable de la patria potestad.

Sin embargo, hay cosas que no contribuyen a buscar consensos, sino que polarizan la discusión alegando que la ley busca “pervertir a los adolescentes”, “enseñarle a tener sexo a los niños” e incluso “abrir las puertas a legalizar la pedofilia”. Semejantes aseveraciones solo pueden ser producto de mentes tan retorcidas, que bien pudieran contratarse para escribir libretos de una serie sobre psicópatas.

Igualmente, alegar que organizaciones como La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés) o Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) son agentes del mal y que se dedican a practicar abortos, son acusaciones que si no fuera por lo insignificantes que suelen ser quienes emiten esas opiniones, bien debieran ser denunciados por difamación. Tanto IPPF como Aplafa (hace varios años formo parte de su junta directiva) se dedican a la consejería, provisión y atención de salud relacionada a salud sexual y reproductiva. En Panamá, en los 50 años que lleva Aplafa funcionando, se hecho más de medio millón de consultas. Dichas atenciones se dan a adultos y adolescentes que así lo requieran. Igualmente, se detectan y denuncian casos de abuso sexual captados en las clínicas que tiene la asociación en el territorio nacional. En los países donde es legal el aborto, IPPF se preocupa de garantizar que dichos procedimientos se hagan en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas para evitar complicaciones como las que regularmente encontramos cuando se realizan de forma clandestina.

Para agregar elementos a la discusión, esta semana salieron a la luz tres publicaciones importantes. La Academia Americana de Pediatría publicó su posición sobre el uso de preservativos y anticonceptivos en adolescentes, haciendo énfasis en que su uso adecuado previene embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Igualmente, insisten en la importancia de combinar el condón con anticonceptivos hormonales, si se quiere aumentar la eficacia para prevenir embarazos. Sobre los anticonceptivos, la recomendación es que en adolescentes sexualmente activas se utilicen dispositivos intrauterinos o implantes hormonales de acción prolongada que permitirían protección anticonceptiva durante períodos entre tres a cinco años. Estas recomendaciones se hacen después de analizar estudios en que se contempla tanto efectividad como potenciales efectos adversos. Por último, la Revista Médica de Nueva Inglaterra publica un estudio clínico comparativo entre adolescentes que optaron por usar estos dos métodos, comparados con el resto de la población de la misma edad. El uso de anticoncepción de larga acción se tradujo en una reducción significativa de embarazos y abortos, comparativamente con el resto de la población. En realidad, los datos son contundentes a favor de utilizar anticonceptivos y preservativos en adolescentes como una medida eficaz y segura para prevenir embarazos y ETS.

En lo personal, creo que el anteproyecto seguramente pudiera mejorarse durante una discusión seria y con argumentos en la Asamblea. Es un hecho que todos los que hemos participado en la discusión estamos mayoritariamente de acuerdo en que se hace necesario implementar programas educativos para ver si se reducen los números de embarazos y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes.

Finalmente, a pesar de dedicar tiempo a aprobar el sancocho y las cutarras como símbolos de la nacionalidad y a prohibir que se exhiban banderas de otros países, los diputados no podrán escapar de algunos temas verdaderamente relevantes, como es el caso de lo que propone el anteproyecto 61. @drpichel

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