CLAMOR CIUDADANO

Decencia, transparencia y equidad: Rafael Montes Gómez

El gobierno actual se encuentra en el ocaso de su periodo. A pesar de los golpes de pecho que se da diciendo: “Se hizo en cuatro años lo que no se hizo en 40”, no ha sido el mejor ejemplo en cuanto a la administración pública se refiere. No se cuestionan las obras, la pregunta obligada es ¿a qué costo se han hecho estas?

Hay innumerables casos en los que la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública no ha sido la tónica. No solo es el despilfarro o dilapidación de los bienes del Estado, es un espectro amplio que incluye la utilización de dineros públicos en la imagen política personal; la inversión en obras que no son prioritarias versus las necesidades del pueblo; contrataciones y concesiones cuestionables para favorecer a personajes allegados al gobierno; escándalos épicos como Finmecannica, las tierras de Paitilla, Juan Hombrón, las tierras de la comarca Ngäbe Buglé y, recientemente, los terrenos de la cárcel de mujeres y del Instituto de Salud Mental.

La reelección de Chello Gálvez como presidente de la Asamblea Nacional indica claramente que este gobierno no tiene la menor intención de conducir al país y a la administración pública por los senderos de la decencia, transparencia y equidad. En todo caso, se trata de los mismos “honorables diputados” que impulsaron y aprobaron que la prescripción en los delitos de corrupción y contra la administración pública se redujera a tres años, cubriéndose ellos mismos con un manto de impunidad.

Por otro lado, el triste papel al que se ha sometido a una respetada institución como la Defensoría del Pueblo no tiene nombre. No hay razón alguna para los sobrecostos en la página web, consultorías y otros menesteres. En este caso, no se trata de que se justifique lo injustificable; la persona que ostenta el cargo de Defensora debe entender la necesidad de su renuncia. Así de simple, porque si la Defensoría del Pueblo continúa con esa figura, tendrá cero credibilidad y cualquier gestión será nula.

En este gobierno, por ejemplo, la reparación de un pequeño tramo de la avenida Domingo Díaz se factura en $19.8 millones el kilómetro de asfalto. ¡Es realmente increíble lo que ocurre con las contrataciones públicas a precios estratosféricos! ¿Y la Contraloría? Sorda, ciega y muda, como dice la canción. Jamás en la vida de esta institución “independiente”, cuyo trabajo es fiscalizar el dinero de todos los panameños, se había producido tanto silencio e inoperancia, frente a funcionarios y a un sistema de gobierno que más bien parece un insondable hoyo negro en el espacio en cuanto al manejo de fondos públicos se refiere. Dios permita a los panameños acabar pronto con esta pesadilla. Ni el Metro, ni las carreteras, ni el concreto, el acero o el hormigón han logrado engañar al pueblo que sabrá tomar una sabia decisión en mayo de 2014, votando por un Presidente que sí satisfaga las verdaderas necesidades primarias de este pueblo, y que conduzca al país por senderos de decencia, transparencia y equidad.

¡En Dios confiamos!

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