SEGURIDAD

Deficiencias del sector agropecuario: Domingo Espinosa G.

Se presenta otra crisis en el sector agropecuario por la comercialización de productos sensitivos, como arroz, maíz, cebolla, leche y otros. No hay mercado para la producción nacional y esto deja pérdidas a los agricultores, al punto de que los bancos han secuestrado fincas y propiedades a más de uno. El problema tiene varias aristas y muchos actores, pero la solución parece una quimera. ¿Tiene el Estado una política para atender el sector agropecuario?

Todo indica que no, prevalece la improvisación y los mezquinos intereses personales. A pesar de que el sector solo reporta el 5% del PIB, no menos del 30% de la población vive en las áreas rurales, por lo que una apropiada política pública debe atender ese segmento para evitar que se traslade a la capital y se agraven los problemas sociales.

Diferentes instituciones reportan que al menos el 40% de la población vive en pobreza, y el 25% en extrema pobreza. Un adefesio para un país con tanta riqueza y tan poca población. A pesar de que la comida es la paz y base de la seguridad agroalimentaria, los gobiernos persisten en la política de la importación en detrimento de la producción local para beneficio de unos cuantos avivatos.

Es cierto que Panamá es deficiente en muchos sectores y que se requieren importaciones para cubrir el déficit de la demanda. Pero estas se deben hacer de forma planificada, respetando la cadena agroalimentaria y sin importar productos cuando se aproximan las cosechas. Hay que proteger la producción nacional y respetar los compromisos adquiridos en la Organización Mundial de Comercio. El gobierno debe priorizar la seguridad agroalimentaria, garantizar el apoyo integral al productor mediante la extensión y transferencia de tecnología de punta, créditos, seguros, investigación y comercialización oportuna.

En cada nueva administración, muchos quieren ser “directores” a diferentes niveles, pero no saben cómo hacerlo. El problema se agrava por la desorganización de muchas asociaciones, como le ocurrió a la de productores de arroz de Chiriquí que hasta el molino perdieron, en perjuicio de sus asociados y de los consumidores. Es decir, se requiere organizaciones fuertes, transparentes y democráticas, con visión de su compromiso con el agro.

Ante la crisis reinante, el gobierno está obligado a intervenir, pues de afuera nadie la solucionará. Ningún gobierno resiste una huelga de productores. Al actual le conviene cumplir con la palabra de atender el sector con responsabilidad, y reintegrar el Instituto de Mercadeo Agropecuario al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Presumo que desligarlo fue una decisión arbitraria para justificar actos delictivos. Tras el reciente caso de nepotismo en esa entidad, el Ejecutivo debe darle una nueva cara y restablecer la confianza ciudadana. Una alternativa para salvar al productor y a los consumidores, es promulgar una ley para que todo barco que pase por el Canal compre una parte de la producción local, así le haremos justicia al que produce la paz.

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