BALANCE FISCAL 2014

Déficit de transparencia: Fernando Gómez Arbeláez

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Las notorias leyes fiscales que con cierta frecuencia aprueba nuestra Asamblea Nacional nunca dejan de sorprender. La más reciente, la Ley 25 de 28 de octubre de 2014, “que concede moratoria para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y dicta otras disposiciones”, parecía ser una simple medida recaudadora de orden práctico. Con ella se implementaría una moratoria tributaria más –la tercera en apenas cinco años– otra que convierte a la paciente espera de su rutinaria llegada en un deporte clásico de negligentes contribuyentes en Panamá.

Pero entre esas “otras disposiciones” previstas en el título de la nueva legislación estaba colocado, al final, un conciso artículo ajeno a la moratoria tributaria. Este artículo no dispone otra cosa que el enésimo aumento a los límites máximos del déficit fiscal, los que, tal como se suponía, han debido cumplirse cada año en las cuentas del sector público no financiero. Tales límites, constantemente irrespetados por gobierno tras gobierno, se encuentran establecidos en cierta legislación panameña pronto transformada en monigote que a nadie asusta: la malograda Ley 34 de 2008, conocida como Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

De acuerdo con el texto original de la LRSF, el tope del déficit fiscal de 2014 debía ser del 1% del PIB. En una reforma de 2012, este casi se triplicó, fijándose en 2.7%. En agosto de 2014, las nuevas autoridades del MEF manifestaron que, dada la enviciada herencia fiscal que recibieron, ese tope no era viable y debía aumentarse a 3.7%. Un mes después, en septiembre, el aumento del tope fue propuesto por el Consejo de Gabinete en 3.9%. Ya en octubre, y sin ninguna explicación, el aumento quedó aprobado en 4.1%, más de cuatro veces el límite que en un principio, por ley, debió cumplirse.

El déficit fiscal de 4.1% en 2014 equivale a dos mil millones de dólares que no tenemos en el presupuesto nacional para financiar gastos e inversiones públicas, y que para cubrir el abismo financiero que produce nos obliga a endeudarnos adicionalmente por dos mil millones de dólares, con intereses.

La reiterada indisciplina fiscal reflejada en este agravamiento deficitario es una combinación de las falaces y desastrosas gestiones económicas y financieras del gobierno anterior, junto al incremento en los subsidios, incluyendo al de la tarifa eléctrica, adoptados por el presente. A ellos se suma la palpable indolencia de los funcionarios en siquiera intentar cumplir con las restrictivas disposiciones de la LRSF, una ley que suelen ignorar en sus actuaciones. La prioridad fiscal ha sido gastar, no ahorrar ni manejar las cuentas públicas con responsabilidad y prudencia.

Lo peor de este nuevo cambio, sin embargo, es su aprobación de último minuto a espaldas de la nación. No hubo consultas públicas. No hubo comentarios. No hubo transparencia. Todavía ninguna autoridad del Estado ha dado razones para justificar por qué el déficit fiscal de este año debe permitirse hasta el elevado 4.1%.

Otras sorpresas, surgidas la semana pasada del segundo debate en la Asamblea Nacional a través de los comúnmente llamados “camarones legislativos”, también aparecen en la reciente ley. En vez de uno, se reformaron tres artículos de la LRSF, además de cuatro artículos del Código Fiscal, nada de lo cual estaba en el proyecto votado en primer debate.

Asimismo, de entre las sorpresas aprobadas, llama la atención el repentino artículo 14 de la ley, el cual resucita de entre los difuntos tributarios a los “cheques fiscales” que hace más de 20 años, a inicios de la década de 1990, fueron emitidos por el gobierno de entonces como documentos negociables, sirviendo para el pago de obligaciones tributarias. Su monto global era de 120 millones de dólares. Buena parte de esos cheques aún pendientes de uso fueron canjeados en 1998 por bonos del Estado.

Como solo cubren el pago de impuestos vencidos al 31 de diciembre de 1989 –hoy todos sujetos de prescripción– y no devengan intereses, los cheques fiscales que por casualidad permanezcan en manos privadas están marcadamente devaluados.

No obstante, la nueva ley dispone que los tenedores de cheques fiscales que aún queden “podrán utilizarlos para cancelar hasta el 15% de los tributos que adeuden al 31 de diciembre de 2013” y que “serán reconocidos al 100% de su valor facial para efectos de esta Ley”. En otras palabras, unos cheques fiscales sin valor ni futuro pueden ahora ser utilizados o negociados, de la noche a la mañana, por la totalidad de su valor original de 1991.

Así, quienes los hayan conservado en alguna gaveta, caja fuerte o bóveda bancaria podrán ganar miles, sino millones, utilizando o negociando cheques fiscales que hasta ayer valían poco más que nada.

La transparencia en la discusión y aprobación de cualquier ley es siempre indispensable. Lo es mucho más en una ley de carácter fiscal, porque concierne a los recursos que son propiedad e interés de todos los panameños. Transparencia, debemos lamentar, es justo lo que ha sido históricamente deficitario en el manejo de nuestras finanzas públicas.

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