CORTE SUPREMA

Democracia y sociedad civil: Ramón A. Mendoza C.

A raíz del próximo nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ha producido una conmoción social. En un país, como el nuestro, traumado y sensible a la corrupción institucionalizada, y en el que el Órgano Judicial ha desempeñado un malogrado papel protagónico, diversos entes manifiestan un justificado recelo ante la selección de esos funcionarios, que dirigirán el órgano llamado a ser pilar y garante del bien más importante del Estado de derecho: la justicia.

En ese afán han surgido organizaciones de diversos tipos que exigen algún grado de participación en tal elección. Nuestra Constitución, secuela de un gobierno dictatorial, concentró en una sola persona un concierto de poderes políticos que debían estar justamente distribuidos, de tal manera que el ejercicio democrático fuese efectivo. Así mantiene en la actualidad la prerrogativa personal del presidente de la República de designar a su criterio los magistrados de la CSJ.

Ante ese desenfrenado poder, surgen grupos que se encapsulan en el término sociedad civil. Pero, ¿qué es la sociedad civil? ¿A quiénes representan? ¿Cómo se escoge? ¿Cómo se sustentan? Son preguntas que no tienen una respuesta concreta.

El término sociedad civil ya era utilizado en la antigua Roma. Se ha seguido usando durante siglos por pensadores políticos con diversos sentidos y aplicaciones, pero su génesis, como es entendida en la actualidad, aparece en Estados Unidos durante la década de 1990, cuando se emplea para identificar a los sectores de la sociedad que no pertenecen a la estructura pública y que no se cobijan bajo estandartes políticos.

Son grupos que defienden diversos intereses y que procuran ejercer, en los estamentos de gobierno, una influencia significativa, distanciados de la actividad política. Se justifican como un mecanismo social para exigir derechos de los gobernados e instrumentos de supervisión del quehacer del Estado sin hacer política.

En el caso de Panamá, al parecer, la llamada sociedad civil se condensa en un grupo de individuos que se arrogan la representación de la colectividad social para esgrimir exigencias éticas y morales a los gobernantes y, ahora, en el caso de la escogencia de magistrados, una participación que roza en la usurpación de mandatos constitucionales, que existen para bien o para mal. No quiero decir con esto que la actividad de la sociedad civil no es saludable. Lo que se debe entender es que en un sistema democrático la participación ciudadana tiene cabida bajo figuras como la derogatoria de mandato, el rendimiento de cuentas, iniciativa legislativa particular y tantas otras.

Si bien es cierto que las falencias de democracias débiles, como la nuestra, dan cabida y cobijo a manifestaciones honestas de la sociedad civil, también es cierto que ante las turbias circunstancias, tales entidades pueden utilizarse para cobijar otros intereses e instrumentalizar presiones para satisfacerlos bajo el manto de una representación ciudadana ficticia.

La sociedad civil debe ser amplia, inclusiva y entendida en cuanto a sus objetivos y no ser pertenencia de un grupo, tal vez bien intencionado, pero que pareciera navegar en una zona gris entre lo político y lo civil.

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