ABUSO DE PODER

Derecho de libre tránsito: John A. Bennett N.

Mucho retumba el tema de la herramienta conocida como pele police (PP), pero la forma en que se presenta es enredada porque distrae del elemento esencial de fondo, que es transitar sin que violen nuestros derechos o nos fastidien innecesariamente. El PP es una magnífica herramienta, pero no para usarla como sonda endoscópica. El asunto no es el PP sino el significado de “libre tránsito”. Razón le sobra al magistrado Harley Mitchell al opinar que el PP “no tiene parámetros normativos”.

El Artículo 17 de nuestra Constitución establece que “los derechos y garantías deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”. La libertad de tránsito es uno de los derechos humanos de primera generación por estar íntimamente ligado al derecho de vida, de comercio, seguridad, etc.; y aunque nuestra Constitución instituye ciertas limitaciones por razones de tránsito y otras, ello no es un cheque firmado en blanco para que las autoridades y sus brazos ejecutores actúen a sus anchas.

Aunque la mayoría de las leyes ciudadanas son negativas, es decir, que prohíben actuar de cierta manera, la ley de libre tránsito es positiva cuando dice: “Toda persona puede transitar libremente... sin más limitaciones que las que impongan los reglamentos de tránsito...”. Queda muy claro que quien detiene a un ciudadano sin razón comete delito.

Las excepciones que permiten vulnerar derechos fundamentales tienen que estar claramente definidas y reglamentadas, como bien lo señala el magistrado Mitchell. Las normas de excepción no están dirigidas al ciudadano sino al funcionario; ese que solo puede actuar en estricto apego a la ley y a sus manuales de procedimiento, evitando la discrecionalidad. Esto es de vital importancia debido a que lo natural es que todo el que se siente investido de poder porque usa uniformes y porta armas está expuestos a la tentación del abuso de esos poderes. Esto nos encamina hacia el mundo planificado, administrado por una minoría que transita libremente con luces rojas destellando, mientras erige retenes y otros impedimentos para el vulgo.

Si un policía te pide la licencia, se la tienes que mostrar; pero ello no quiere decir que te la puede pedir sin razón y cuando le venga en gana. Tendría que existir un manual que regule la actuación del funcionario en donde diga algo como: “Señor policía, usted puede pedir documentos cuando le venga en ganas”. Y si existiese tal documento, estaría sujeto a una demanda de inconstitucionalidad. El magistrado Oydén Ortega recalca lo mismo y lo amplía al señalar que las normas de excepción no pueden ser aplicadas de forma indiscriminada. Además, se supone que la policía está para agilizar el tránsito y no lo contrario. Si van a obstaculizarlo, tienen que existir razones de fuerza mayor y ello amparado por una orden de autoridad competente.

El PP es muy útil y puede ser utilizado cuando se detiene a una persona que ha cometido alguna falta, infracción de tránsito o delito, y es allí en donde entra en escena el PP. No se detuvo a la persona para pescar sino por una razón válida, y es entonces en donde sí es legítima la pesca, pues para ello es el PP. Se investiga el expediente del retenido para ver si existen casos pendientes de infracciones y otras. Por ejemplo, algunos casos de reincidencia en infracciones ameritan un trato específico que puede requerir la detención del vehículo o del conductor. Pero aun en estos casos no es legal que la policía entre al auto a husmear. Puede hacerlo desde afuera o pidiéndole permiso al conductor. Si este se niega y si la policía tiene sospecha razonable debe conseguir una orden de cateo y allanamiento del vehículo y/o la persona.

También es fundamental destacar lo dicho por el magistrado Mitchell cuando señala que “todo el sistema de protección de derechos debe estar sincronizado con la definición, interpretación y gestión que mejor se aproxime al concepto de dignidad de la persona”. ¿Vamos o no vamos a respetar a los ciudadanos en nuestro país? Por supuesto que queremos seguridad, pero no quiere decir que para ello hace falta pisotear derechos humanos fundamentales.

Y para resumir, es elocuente el periodista Elio Núñez cuando señala que “Este diario solicitó la semana pasada información actualizada a la PN sobre el PP, pero no fue aportada”. No fue aportada porque no existe y quienes están violando la ley son precisamente los contratados para su cumplimiento, lo cual es análogo a ser un religioso pederasta.

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