LÍMITES A LOS PODERES PÚBLICOS

Derechos humanos y seguridad ciudadana: James E. Bernard V.

Los países de la región, a pesar de las disparidades en cuanto a desarrollo social, crecimiento económico y a sus fortalezas institucionales, comparten entre sus principales preocupaciones problemas relacionados con la eficacia y manejo de la seguridad ciudadana.

En términos generales, crecimiento acelerado y poco planificado de los asentamientos urbanos, desarticulados de los servicios públicos en materia de electrificación, agua potable, transporte, educación, salud y acceso a empleos dignos en condiciones formales y bajo los estándares mínimos reconocidos por los derechos fundamentales son algunas de las condiciones que caracterizan el marco de pobreza y de violencia en la región.

Panamá, a pesar de los altos índices de crecimiento económico, con tasas anuales cercanas al 10% y un producto interno bruto envidiable para otros países, también mantiene, paradójicamente, los indicadores más altos en desigualdad social, con altas tasas de pobreza y pobreza extrema, desnutrición infantil, deserción escolar, y educación pública deficiente y poco pertinente en relación a las exigencias del mercado laboral.

Estas condiciones, por una parte, expresan el grado de incumplimiento e insatisfacción de las necesidades básicas de un alto porcentaje de la población, lo que se conoce como derechos fundamentales, a los que hay que agregar aquellas condiciones que permitan el ejercicio del derecho a la vida, a la integridad física personal, al disfrute pacífico de los bienes y la propiedad privada como fines de la seguridad ciudadana, como derechos que deben ser garantizados en el marco de la Constitución y la ley por las autoridades y los servidores públicos.

Desde el ordenamiento jurídico, la seguridad ciudadana es una importante función pública, aparece enraizada en el surgimiento de los Estados modernos y hoy, bajo la perspectiva democrática, alude a las posibilidades de una existencia digna, sin mayores injerencias en la libertad que las necesarias para asegurar la vida, honra y la propiedad privada en condiciones de igualdad. Las autoridades están obligadas a garantizar todas aquellas condiciones que la posibilitan.

Desde esta perspectiva, el artículo 17 de la Constitución Política de la República expresa claramente esa relación y la función que tienen los derechos humanos como límites a los poderes públicos y ante las intervenciones de los agentes estatales, para lograr la seguridad ciudadana, como contrapeso en la balanza que mantiene, en un extremo, los derechos humanos y las libertades públicas y, en el otro, los actos concretos de los agentes de autoridad del orden público que afectan aquellas libertades.

En determinados contextos, la libertad o libertades ciudadanas aparecen aparentemente contrapuestas al valor que expresa la seguridad, y en no pocas ocasiones esa confrontación se manifiesta en la preponderancia de ciertas medidas que aplican los encargados de los estamentos estatales lo que, de manera directa, se traduce en actos de violencia al margen de la legalidad, y en abusos de la autoridad.

La seguridad bien comprendida es un presupuesto básico para alcanzar el pleno desarrollo de los derechos individuales y sociales. Como fin que persigue la función pública, constituye un valor jurídico que debe armonizar toda la acción de los encargados de cumplir y hacer cumplir la seguridad. Así, “... la seguridad y el orden son valores subordinados a otros, por ejemplo, los representados por la libertad, el principio de legalidad, el de proporcionalidad, etcétera. Entonces aquellos solo pueden satisfacerse a costa de estos, si hay una expresa previsión constitucional que autorice a cercenar ciertos derechos o a prescindir de sus garantías”.

La seguridad ciudadana se refiere a la protección de las personas y bienes, por lo que sus funciones en el sistema jurídico vigente tienden a garantizar el orden y a generar condiciones para la convivencia pacífica. Esta función pública es limitadora del ejercicio de los derechos y libertades que solo debe operar en aquellas situaciones de ruptura del orden siempre que encuentren en los derechos humanos su legitimidad, bajo el estado de derecho, como poder democrático y constitucional; con apego al cumplimiento de los principios de intervención mínima, proporcionalidad, oportunidad, congruencia y legalidad, conforme a la preponderancia de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Ante los graves hechos de violencia institucionalizada exhibida por miembros de la Fuerza Pública, que han causado la violación sistemática del derecho a la vida y a la integridad física de las personas, es necesario demandar de los órganos Ejecutivo y Judicial el restablecimiento del respeto a los derechos humanos y que preserven la paz de todos, con apego a la Constitución, las leyes y al derecho internacional en materia de derechos humanos, reconocido por la República de Panamá.

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