POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN

Desarrollo humano sostenible: Jorge G. Conte Burrell

La visión de desarrollo tradicional, basado en el crecimiento económico, la transformación de recursos naturales, el uso intensivo de capital y mano de obra, la generación de desechos y la externalización de los daños ambientales, ha sido una constante desde el inicio de la era industrial, hace más de 120 años.

Este modelo ha traído consigo un considerable avance en el desarrollo urbano y económico, pero un gran deterioro en las fuentes de recursos naturales, los bosques, la contaminación de los mares, ríos, lagos y ciudades, y una gran desigualdad entre los que más tienen y los menesterosos. Hay grandes grupos de personas que carecen de niveles básicos de sanidad, agua potable, vivienda digna, acceso a la educación de calidad, bienes materiales e inmateriales, una vida digna y seguridad alimentaria, por mencionar algunas deficiencias del crecimiento económico sostenido.

La integración de los principios del desarrollo sostenible a las políticas nacionales es clave para una implementación y promoción exitosa de la sostenibilidad socioambiental y el desarrollo humano, como sugiere el Pacto Río+20 (2012) que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, según el más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se sigue perdiendo la biodiversidad, a pesar de que se protegen más áreas de la superficie de la Tierra.

En 2010, las áreas terrestres protegidas cubrían el 12.7%, pero en el caso de los océanos se extendía solo al 1.6%. La protección terrestre se duplicó entre 1990 y 2010, a 59 de los 228 países de los que se tenían datos, y la protección marina se duplicó en 86 de 172 países de los que se tenían datos.

En 2009, de las 395 especies de peces vigiladas, que representan el 70% de la pesca mundial, el 30% estaba siendo sobreexplotada.

Un signo de alerta de la continua y creciente sobreexplotación es el nivel récord mundial de capturas de especies marinas, de 87.8 millones de toneladas al que se llegó en 1996, que descendió luego a 79.5 millones de toneladas en 2009.

Es de relevante importancia, por lo tanto, que se introduzcan políticas de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad a las estrategias de desarrollo nacional, para la seguridad alimentaria, la mitigación de los efectos del cambio climático y la compensación y mitigación de la huella ecológica de los países, empresas privadas y de los gobiernos locales, no solo para incidir positivamente en la neutralización de los procesos industriales, sociales y económicos del país, sino como forma de preservar las fuentes naturales para el desarrollo de las futuras generaciones, su supervivencia y el goce de bienes inmateriales o naturales a los que todas y todos tenemos derechos.

Una política de ordenamiento territorial por parte de los Gobiernos Nacionales y locales garantizaría el terreno para la implementación de programas de conservación de ecosistemas, hábitat y especies, la implementación de planes de pago por servicios ambientales, el desarrollo de iniciativas de comunidades aledañas a las áreas protegidas, como el ecoturismo, la reforestación, la cría de animales silvestres, la actividad silvopastoril, la conservación de fuentes hídricas y el aprovechamiento de las áreas protegidas.

Estas políticas impactarían en el PIV (producto interno verde), que es la sumatoria de las acciones y los recursos dispuestos a la protección y expansión de los recursos naturales, y aumentaría el PIB (producto interno bruto) de las naciones, creando empleos en zonas alejadas de las áreas urbanas, mejoraría las condiciones de vida de estos grupos denominados como vulnerables por la economía tradicional, mitigando los efectos del cambio climático y preservando recursos para las generaciones futuras, principio fundamental del desarrollo humano sostenible.

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