LIMITACIONES

El Despacho de la Primera Dama: Carlos Gasnell

Los ciudadanos le habíamos dedicado, hasta ahora, poca atención al “Despacho de la Primera Dama” y a las personas que han ocupado este puesto, sin cuestionarnos mucho de dónde sale ni a cuánto asciende el presupuesto que maneja ese “ente”.

Investigué cuál es su naturaleza y si la persona que está al frente es, o no, funcionaria, pero no encontré ninguna norma que hable sobre su creación y facultades, ni de las funciones de la “primera dama” o el “primer caballero”. De hecho, este despacho no aparece en el organigrama del Ministerio de la Presidencia. Si vemos los criterios que ha señalado la Procuraduría de la Administración (Consulta C-No.30-07 de 12 de febrero de 2007) para calificar a una persona como “servidor público”, se indica que son: “las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios, de las entidades autónomas o semiautónomas y, en general, las que reciben remuneración del Estado”.

De manera que la “primera dama” no calificaría, en principio, como funcionaria, a pesar de que sí tiene a funcionarios a los que puede dirigir y dar órdenes. Según las normas que regulan a los agentes de manejo, el Art. 17 de la ley que ordena la Contraloría General de la República (Ley 32 de 1984) indica: “Toda persona que reciba, maneje, custodie o administre fondos o bienes públicos, está en la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y plazo que esta, mediante reglamento, determine... Es agente de manejo, para los mismos fines, toda persona que sin ser funcionario público recauda, paga dinero de una entidad pública o, en general, administra bienes de esta”. Entonces, la “primera dama” o el “primer caballero”, sí serían agentes de manejo. Tienen incluso, de acuerdo con el Art. 1 de la Ley 59 de 1999, la obligación de presentar una declaración patrimonial de bienes al inicio de su período y al momento de dejar el “cargo”. Desconozco si alguien les ha exigido que cumplan con esta obligación.

El Despacho de la Primera Dama, a pesar de no existir jurídicamente, administra bienes del Estado y ejecuta un presupuesto millonario de la mano del Ministerio de la Presidencia. Una de las pocas normas que hace referencia a este despacho es el Decreto Ejecutivo 936 de 2010, que “adopta la estructura organizacional de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios del Ministerio de la Presidencia”. Se menciona, por ejemplo, que esta dirección tiene entre sus funciones: “dar seguimiento a las tareas encomendadas por la primera dama, a cada una de las áreas, direcciones y servidores públicos relacionados”.

La Contraloría General emitió en el año 2012 el Manual de Procedimientos para Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama. Según este, ella es la “representante legal de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios”, y tendrá la potestad de aprobar y rechazar directamente la solicitud de bienes o servicios, además de que su despacho ejecutará el programa de obras sociales. En cuanto a los fondos, el manual dice que, en caso de no contar con recursos, podrá solicitar apoyo del Programa de Ayuda Nacional y de la partida discrecional del Ministerio de la Presidencia.

Todas las normas analizadas crean más incertidumbre sobre la naturaleza de la figura de la “primera dama” o “primer caballero” y el despacho a su servicio. Adicionalmente, la Constitución y leyes están llenas de vacíos que se prestan para diferentes interpretaciones, pero siempre es necesario buscar la más apegada al estado de derecho y a los valores democráticos.

Como lo señaló en medios televisivos Edgardo Molino Mola, este despacho “nació como una oficinita con una secretaria”, pero ahora se ha convertido casi en un ministerio, con muchos fondos públicos, poder político y oportunidades de promoción de la figura (por ejemplo, actualmente el logotipo tiene el nombre de la primera dama, lo que no debería permitirse), por lo que hay que poner atención al giro que ha dado.

Mientras se reforma la Constitución y se limita la posibilidad de que las primeras damas o primeros caballeros sean candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia, urge regular regular la figura y el despacho para que no se siga desnaturalizando ni se utilice para fines políticos. Hay que sujetarlos a las limitaciones y controles a los que están sometidos todos los servidores públicos, empezando por pedir que renuncien a administrar fondos públicos y beneficios relacionados si desean tener participación política. En mi opinión, ante la falta de una norma expresa, la solución ética en nuestro caso sería suspender las actividades de ese despacho, desde el momento de la escogencia de la primera dama como candidata a la vicepresidencia, y encargar de esa labor a la Secretaría de Asuntos Comunitarios. No adoptar medidas inmediatas es un muy negativo para nuestra democracia.

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