ALEGATOS CANTINFLESCOS

Desprestigio universitario: Carlos Guevara Mann

Mediante decreto ejecutivo expedido el 15 de julio de 1841, Tomás Herrera, presidente del Estado del Istmo, erigió en universidad el Colegio del Istmo, el cual funcionaba en Panamá desde 1824. La universidad inició funciones el 8 de agosto de 1841 y siguió operando hasta mediados de 1852.

La Universidad del Istmo fue el segundo proyecto de instrucción superior que se concretó en Panamá. Antes operó la Universidad de San Francisco Xavier, desde su fundación en 1749 hasta su clausura en 1767, con motivo de la expulsión de la Compañía de Jesús –a cuyo cargo estaba el claustro– de los territorios de la monarquía española. Su propulsor, como es sabido, fue el padre Luna Victoria, obispo de Panamá (1751–1758) y, posteriormente, de Trujillo, Perú (1758–1777).

Es curioso que no exista en el campus universitario un monumento a Tomás Herrera, notable impulsor de la educación universitaria, además de estadista ejemplar, fundador de nuestra primera república, declarado “Benemérito de la Patria en grado heroico” por el Congreso de Colombia en 1855. Sí existe, por el contrario, un homenaje permanente a quien en años recientes ha convertido la universidad en un feudo personal para practicar la egolatría, el clientelismo y otras conductas ajenas a la tradición académica.

El PAN del Ejecutivo, a través del cual se ha realizado una serie de atracos al erario, parece tener su equivalente en la Fundación Universidad de Panamá (FUDEP), presuntamente creada para evadir los controles que rigen sobre el uso de recursos estatales. Una investigación publicada en La Prensa (30 de junio) revela detalles inquietantes sobre la operación de la FUDEP, la cual cobra por servicios prestados por la Universidad.

La estructura carece de justificación, pues la mayoría de los servicios que factura la FUDEP son suministrados por la Universidad de Panamá, una entidad autónoma del Estado. Las transacciones efectuadas bajo este esquema no han sido sometidas a verificación por la Contraloría General de la República, aduciendo que se trata de una “fundación privada” que “no maneja fondos públicos”.

En consecuencia, el destino final de las facturaciones es desconocido y, según el contralor general de la República, las auditorías ordenadas han sido obstaculizadas por quienes deben facilitarlas (La Prensa, 7, 11 y 14 de julio).

En respuesta a las exigencias de transparencia, probidad y compromiso con la educación pública, quienes dirigen la Universidad de Panamá han respondido con alegatos cantinflescos y ataques personales. Grupúsculos adictos a esa dirigencia han escenificado acciones de fuerza y amenazan con protagonizar hechos de violencia. Habría que investigar los vínculos que pudiesen existir entre esas pandillas y quienes llevaron a cabo actos vandálicos y de agresión personal en el Instituto Nacional el 7 de julio.

Las tácticas norieguistas, aprendidas durante la dictadura militar a la que sirvió de rodillas dicha dirigencia, buscan infructuosamente detener la avalancha de críticas y las exigencias de que quienes hoy mandan en la Universidad con criterios absolutamente patrimonialistas, abran paso a un liderazgo dispuesto a mejorar las deplorables condiciones que allí imperan.

Ante este panorama alarmante, resulta sorprendente que el Ministerio Público no haya abierto una investigación. Con menos evidencias de las que han circulado a la vista de la ciudadanía, el Ministerio Público ha iniciado procesos y decretado prisiones preventivas.

Las informaciones divulgadas proveen indicios suficientes de que puede haberse cometido peculado en la Universidad de Panamá. Una de las conductas que pueden haberse efectuado en detrimento de la sociedad es la que tipifica el artículo 342 del Código Penal: El servidor público que dé a los caudales o efectos que administra una aplicación o función pública distinta de aquella a la cual estuvieren destinados y resulte afectado el servicio o función encomendado será sancionado con prisión de uno a tres años.

En este caso, la procuradora debe actuar cuanto antes. Hay señales acerca de la posible comisión de irregularidades, incluyendo –además de las indicadas– el presunto ocultamiento de documentos bancarios y posibles contrataciones arbitrarias de personal en la universidad.

A tal punto han llegado su desprestigio y desarreglo que solo mediante la vía legal podrá comenzar a recuperarse –para los altos propósitos que promovieron el obispo Luna Victoria y Tomás Herrera, Harmodio Arias Madrid y Octavio Méndez Pereira– la Universidad de Panamá.

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