REFORMA CONSTITUCIONAL

Dinastías dictatoriales: Fernando Gómez Arbeláez

Siguiendo los mismos pasos autoritarios de los dictadores Somoza, el numeroso clan familiar cuya expulsión del poder Ejecutivo costó tanta sangre a la patria de Rubén Darío, el gobernante nicaragüense Daniel Ortega acaba de hacer reformar, a través de una dócil Asamblea Nacional, de diputados sometidos, la Constitución Política de su país para consolidar y extender indefinidamente su mandato.

Junto a la primera dama, Rosario Murillo, y sus hijos, Ortega controla ahora no solo a los órganos e instituciones públicas, sino también un sinnúmero de empresas y negocios particulares que rivalizan con la fortuna y hegemonía absoluta que una vez detentaron los Somoza.

Repitiendo la historia del país centroamericano, Ortega gobierna con su familia igual que décadas antes gobernó Anastasio Tacho Somoza García, el fundador de una dinastía de férreos dictadores con 43 años en el poder. Tras su asesinato en 1956, Tacho fue heredado en la Presidencia por sus dos hijos Luis Anastasio y Anastasio Tachito Somoza Debayle, bajo la tutela de la antigua primera dama, Salvadora Debayle de Somoza.

Los Somoza copiaron el régimen presidencial-familiar del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien en Santo Domingo –entonces rebautizada “Ciudad Trujillo”– gobernaba despóticamente junto a su esposa María Martínez de Trujillo, sus hijos Ramfis, Radhamés y Angelita, entre otros. Balas asesinas acabaron con su dictadura de 31 años, en 1961.

Los vientos glaciales que soplan desde Nicaragua golpean con escalofríos a todos los países de la región. A Panamá, la semana pasada también llegaron gélidas noticias, tan heladas como las invernales temperaturas de Suiza. En entrevista ofrecida a un canal de cable en español, desde la ciudad de Davos, el presidente Ricardo Martinelli reveló sus intenciones de reformar la Constitución Política de Panamá durante la primera mitad de 2014. Según sus palabras: “Creo que es importante que los panameños cambiemos nuestra Constitución y seamos un poquito más flexibles” respecto a la reelección presidencial, reduciendo la prohibición existente de reelegirse de 10 a 5 años. Este objetivo personal se conseguiría “mediante un referendo o por el método de la aprobación de dos asambleas”.

El sorprendente anuncio originado en los Alpes suizos, sin duda, requiere de una máxima atención. Nos recuerda, con alarma, que la Constitución puede ser reformada este mismo año en cuestión de días, si los diputados de dos asambleas nacionales, la actual y la que sea electa el 4 de mayo, concuerdan en las materias objeto de reforma constitucional. El poder reformatorio conjunto que poseen ambas asambleas es tan amplio y absoluto que ellas, por sí solas y sin la participación del pueblo en un referéndum, pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra con el texto de la Constitución.

No hay ningún tema político, social o económico que les esté vedado: lo que esta Asamblea apruebe a espaldas del pueblo, en componendas con la siguiente, por más antidemocrático, personalista y autoritario que fuera, será nuestro nuevo ordenamiento, en una fecha tan temprana como el próximo mes de julio.

Nadie duda que una vez pasadas las elecciones, si los partidos de gobierno obtienen la mayoría de diputados en la nueva Asamblea, el Presidente impulsará, a finales de mayo o en junio, las reformas constitucionales que se le antojen, para elaborar una Carta Magna hecha a la medida de sus intereses. Dado que la actual Asamblea es un mero apéndice del Ejecutivo, los diputados de gobierno aprobarán a tambor batiente lo que sea que les sometan, con la rutinaria obediencia y sin siquiera darle lectura al documento, como es su costumbre.

La amenaza a nuestra democracia es evidente. Luego de que la esposa del presidente, Marta Linares de Martinelli, fuera postulada como candidata a vicepresidenta en la nómina presidencial del gobierno –algo sin precedentes en nuestra historia– el peligro de una reforma constitucional que posibilite a la misma familia gobernar por 15 años consecutivos, o más, es real.

En Panamá, donde por 21 años padecimos una dictadura militar derrocada, a sangre y fuego, no queremos a Ortegas, Somozas ni Trujillos gobernando, queremos alternabilidad democrática en el poder. Todos esos dictadores regionales comenzaron con un corto período presidencial y, poco a poco, se fueron adueñando, como dinastías, del mando supremo. Nuestro Palacio de las Garzas no es, ni debemos permitir que se convierta, en la residencia particular de una misma familia, de manera permanente.

La decisión sobre el futuro de Panamá está en manos de cada elector. Si los votantes procuraban rechazar el 4 de mayo a un candidato por vago, mentiroso, ignorante, oportunista, demagogo, clientelista, tránsfuga o ladrón, ahora tienen, adicionalmente, un motivo superior: imposibilitar que llegue al poder o se mantenga en un órgano del Estado cualquier político que, por su carácter o afiliación política, facilite una reforma constitucional arbitraria. Las libertades y democracia dependen, hoy más que nunca, de nuestro voto.

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