JUSTICIA

Ejercicio de la función pública: Alberto E. Fadul N.

Cuando una persona es elegida o designada para el desempeño de un cargo público por el partido político al que está afiliado, su comportamiento debe estar sujeto exclusivamente a las normas y leyes que regulan su funcionamiento, con estricto apego a la ética y la transparencia, nada más.

La manera íntegra de corresponderle al partido político que lo postuló y dio su apoyo es mediante un desempeño cabal de sus funciones públicas, alejado de todo clientelismo y favor al mismo, no debe haber en su actuación el sentimiento de que tiene la obligación de retribuirle su designación.

Con profunda furia e impotencia, las más de las veces, la población panameña observa con creciente frustración el comportamiento de muchos servidores públicos mezclado con intereses mezquinos político partidistas, que hacen de la cosa pública su botín personal; con irritación, la población observa cómo se da el reparto de canonjías y prebendas a costa de las necesidades reales que le aquejan, que luego de la campaña caen en oídos sordos y se convierten en incómodos reclamos.

Esa actuación deshonesta, que llegó a niveles impensables de corrupción en la pasada administración, ha calado de tal forma en la población, que ha provocado escepticismo y desconfianza en la actuación de los servidores públicos a todo nivel.

Los tres poderes del Estado tienen la obligación constitucional de ser garantes de la institucionalidad democrática en nuestro país; esta no puede ser delegada, soslayada o ignorada por conveniencia; por ello, lo que observamos nos inclina a ser contundentemente críticos de sus actuaciones, como la desplegada recientemente por la Asamblea Nacional que, en un acto obstinado y soberbio, aprobó“por insistencia” la desdichada ley blindaje, que no es más que un escudo a la impunidad, con fueros y privilegios.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en actitud escapista, continúa ignorando el reclamo popular al no atender, con la celeridad que requiere y amerita, los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos que tiene en sus manos; algunas de estas investigaciones llevan más de un año, por ello la población pide una justicia expedita que acabe con la impunidad.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la oportunidad única de reivindicar su imagen, en algunos casos comprometida, siendo ejemplo de integridad, imparcialidad y justicia con sus fallos, la población no espera menos; estos deben ser referente de sensatez y prudencia jurídica, asentada en el más estricto derecho, alejada de todo tipo de influencias.

Otra oportunidad la tiene el Presidente de la República en la tarea que tiene por delante en el nombramiento de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Son muchas las expectativas ciudadanas que esta prerrogativa presidencial está generando; su interés radica en que esta escogencia se lleve a cabo luego de un proceso de selección de candidatos con un perfil tal, que garantice la integridad, idoneidad, profundo conocimiento jurídico y, sobre todo, la independencia del Órgano Judicial. En este proceso de escogencia debe atenderse la participación ciudadana que refuerza la transparencia e institucionalidad democrática del país.

La próxima cita debe ser la reforma constitucional prometida. Será realidad:

“El arte de la política, en las democracias, consiste en hacer creer al pueblo que es él quien se gobierna”.

L. Latzarus, La politique.

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