GOBIERNO

Elementos para una gestión ambiental y social: Francisco Javier Bonilla

Instaría al gobierno entrante, sea del oficialismo o de oposición, a revaluar los resultados del “desarrollo” urbano y rural, junto con sus patrones de crecimiento en las últimas décadas. En lugar del enfoque neoliberal, justificado por el incremento del PIB desde la transferencia del Canal de Panamá en 1999, el Gobierno debe trazar un plan a largo plazo para el desarrollo sostenible del istmo.

En este contexto, sostenibilidad comprende no solo aspectos ecológicos y económicos integrados dentro de agroecosistemas, sino políticas socialmente saludables que embarquen al país, a corto y largo plazo, hacia un futuro más seguro.

Los expertos advierten que las principales amenazas de Panamá serán las ambientales. Globalmente, el principal problema del siglo XXI será encontrar la manera de vivir en armonía con la naturaleza, utilizando y conservando los recursos disponibles.

La dependencia de los indicadores macroeconómicos para determinar el progreso de la nación ha ofuscado el desarrollo humano real. Aunque el PIB indique que Panamá tiene un futuro brillante, sus ríos, suelos, bosques y biodiversidad contradicen a los economistas tradicionales. En el caso del istmo, este enfoque limitado ha perpetuado problemas sociales y ambientales. El estado de la seguridad alimentaria local es un vivo ejemplo del fracaso del neoliberalismo. El Gobierno tendrá que asumir un liderazgo fuerte para enfrentar estos problemas.

Las profundas desigualdades dentro del Panamá urbano, y el contraste entre sus ciudades y una vida rural desgarrada se relacionan íntimamente a los problemas ambientales y del uso de la tierra. El auge inmobiliario de la ciudad reduce de forma significativa el desempleo. Sin embargo, como todas las burbujas, está destinada a estallar. Muchos constructores y obreros sindicalizados no podrán ser absorbidos en una economía en transición.

El Gobierno debe crear o estimular proyectos que tengan como objetivo reducir la huella ecológica de la ciudad, para emplear a trabajadores, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de todos los citadinos. La rehabilitación de edificios antiguos o en negligencia para cumplir con las normas ambientales mundiales más exigentes sería un buen comienzo. La necesitada reforma del transporte urbano y nacional debe incluir programas públicos, sostenibles y comunitarios, que se alejen de los combustibles fósiles sucios y poco fiables. El peatón, no el automóvil, debe ser el punto de referencia de toda obra de infraestructura del siglo XXI.

La cada vez más amplia brecha entre los ricos y los pobres es un tema de todas las campañas. Los candidatos más populares confiaban en el crecimiento ilimitado del PIB, en lugar de otros indicadores sociales igual de relevantes, como el remedio a problemas históricos de desigualdad. A pesar de la urgente necesidad de tierra en las ciudades, en las riberas del Canal de Panamá, la única respuesta a la privación de la mayoría ha sido la expansión urbana sobrecapitalizada. La centralización tradicional de la ley y la toma de decisiones en la capital debe terminar. De no ser así, la perenne cuestión de seguridad alimentaria en la zona de tránsito –área de la cuenca del Canal incluyendo la ciudad, su zona aledaña y Colón– no mejorará. Los patrones tradicionales del uso y tenencia del suelo, orientados a mercados más grandes, han impedido que el auge transitista se propague al resto del país.

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