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FRENO A LA CORRUPCIÓN

Eliminemos el concepto de contratación directa: Carlos Gasnell Acuña

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En dos talleres de liderazgo para la transformación, organizados por la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma) en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina, se practicó una dinámica grupal en la que los participantes tenían que indicar medidas concretas, coherentes y realizables a corto plazo para reducir el riesgo de corrupción. En ambos talleres (Panamá y Colón) varios grupos propusieron eliminar las contrataciones directas de las normas que actualmente las permiten. ¿Es esto posible?

Nuestra Constitución Política señala en su artículo 266 que la regla general debe ser la licitación pública (concurso de ofertas) salvo las excepciones que señale la ley. La correcta interpretación de este artículo debió llevar a los gobiernos a aprobar excepciones apegadas a lo que señala la Constitución, no a desarrollar excepciones ni a reducir los obstáculos para la ejecución de sus planes o como solución frente a la falta de planificación de algunos de los gestores públicos.

En el año 2011 una reforma introducida a la Ley de Contratación Pública le cambió la denominación a las contrataciones directas. Desde entonces, contamos con “contrataciones mediante procedimiento excepcional” y se establecieron mayores mecanismos de control, como la obligación –ahora para la mayoría de los casos– de presentar un informe técnico oficial para sustentar la excepción. Sin embargo el cambio de nombre y la exigencia de este informe no resolverán el problema de fondo: la forma en que se llega a las empresas o particulares con los que se contrata directamente.

Muchos estudios en materia de la corrupción evidencian que la contratación pública, especialmente la directa, es uno de los mecanismos más utilizados para la corrupción, e incluye la devolución de favores políticos. Los países que han entendido esto y tienen la voluntad de cambiar realmente han modernizado el sistema y eliminado de la normativa el concepto de contratación directa. Las excepciones deberían reducirse a situaciones muy puntuales como cuando ocurren catástrofes naturales, e incluso en estos casos se podría contar con una base de datos de empresas precalificadas que actúen de forma rápida.

Parte de la solución está en la activación del Registro de Oferentes previsto en la Ley 22, que no se ha querido desarrollar. Esto serviría para calificar y clasificar a las empresas antes de la licitación, lo que permitiría incluso establecer un registro de estas de acuerdo a su solvencia y experiencia comprobada, sin excluir a las de reciente creación. Sería un criterio objetivo que obligaría a las instituciones a justificar la razón por la cual en determinada contratación no requieren empresas o particulares con mayor experiencia y calificación. Si eliminamos el concepto de contratación directa, las de tipo excepcional siempre deberían recaer en empresas precalificadas que formen parte del registro, en el que debe haber información de estas, de acceso público.

La Ley 22 de 2006 tiene que ser revisada para reducir los espacios de discrecionalidad injustificados. En el año 2008 se aprobó una norma que permite a las instituciones contratar consultorías de manera directa, sin el control del Ministerio de Economía y Finanzas cuando estas no sobrepasen los $300,000.00. Estos contratos, actualmente solo requieren del refrendo de la Contraloría General de la República, que cuenta con los mecanismos para negarlo, pero en la práctica esto puede no funcionar efectivamente. La norma, contenida en el último párrafo del artículo 92 de la Ley 22, tiene que ser derogada. Hemos sido testigos del mal uso que se le da cuando las instituciones no siguen los lineamientos que señala la Constitución, la ley y el sentido común. El abuso en esta materia siempre es tema de debate en los medios, por eso, la solución debería ser incluida de forma obligada en las propuestas de los candidatos a la Presidencia, a la Alcaldía y demás autoridades que manejan fondos públicos.

Del martes 10 al viernes 13 de septiembre se realizará en Panamá el Foro Latinoamericano y del Caribe para discutir las formas de prevención y lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas. Esperamos que se aborden posibles soluciones ante el riesgo de abusos en las contrataciones directas en la región y, lo más importante, que nuestro país, sobre la base de las recomendaciones, asuma el compromiso de adoptar a corto plazo mecanismos para reducir dichos riesgos.

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