SUBSIDIOS

Enseñar a pescar: Marcos A. Mora Rangel

Nuestro país, desde hace algún tiempo, otorga a través de instituciones gubernamentales una serie de subsidios que, en conjunto, representan una porción cada vez mayor del presupuesto general del Estado. La finalidad parece ser noble y necesaria. Sin embargo, al convertirse en un componente populista–electorero surge la pregunta de cuándo se pondrá fin o se reglamentarán y qué gobierno tendrá el valor y la responsabilidad de hacerlo. Para nadie es un secreto que los fondos que financian estos subsidios se obtienen de la recaudación de impuestos, sobre todo, de la clases media y media alta, a las que ninguna política estatal parece favorecer, como se desprende del artículo “La clase olvidada”, del arquitecto Álvaro González Clare (La Prensa, 20/2/2014).

Los referidos subsidios se han hecho, en la mayoría de los casos, sin un análisis profundo que permita encaminarlos hacia las clases más desposeídas de la sociedad. En el caso de la Red de Oportunidades y 120 a los 70, estos se otorgan sin ninguna correlación con los montos devengados por la pensión mínima de la Caja de Seguro Social, y sin considerar a los ricos terratenientes, ganaderos y comerciantes que se benefician de estos. Igual ocurre con el subsidio eléctrico y al tanque de gas que benefician a poblaciones de altos ingresos de las áreas de playas y sectores turísticos. En el caso de la energía, por registrar una demanda ocasional, ellos califican para quedar dentro de los rangos beneficiados.

Quienes por alguna circunstancia hemos buscado mano de obra ocasional para determinado proyecto en algunos lugares del interior, confrontamos grandes dificultades para obtenerla, debido a la poca disponibilidad. Por eso, considero todo tipo de ayuda social debe procurar que en un tiempo prudencial los beneficiarios, con opciones de hacerlo, se incorporen a una oferta laboral y generen sus propios recursos. Esto me pareció factible al conocer un sistema de subsidio en Ecuador denominado Bono de Desarrollo Social, que asciende a 50 dólares mensuales por familia. Dichas familias podrán disponer de esa ayuda, periódicamente, o recurrir a un crédito de hasta 24 meses, lo que les permite acceder a mil 200 dólares que invierten en cooperativas de cría de ganado lechero. Así logran elevar el rendimiento del bono a 100 dólares por familia. Aunque los beneficiarios se quejan de que aún les parece bajo, lo interesante es que la gente colabora en la propia solución de sus problemas y no son una carga total para el Estado. Experimentos como este son los que debemos estudiar en nuestro país. Incluso, se debería considerar que las cooperativas creadas bajo este esquema vendan sus productos (quesos, carnes, verduras, vegetales, artesanías etcétera) a las entidades estatales que las demanden (cárceles, hospitales, Autoridad de Turismo, etc.) a fin de lograr el precio justo y no ser sometidos a la especulación.

Si no atendemos con urgencia este tema nos veremos expuestos en los años venideros a un aumento indiscriminado de los subsidios y, en consecuencia, a más impuestos para la clase olvidada. Por otra parte, no estaría de más que se legislara sobre el establecimiento de un tope en este tipo de gasto del Estado.

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