RELACIONES CON COLOMBIA

Entendimientos sin imposiciones ni amenazas: Roberto Montañez

Un impasse diplomático generó el tratamiento discriminatorio del Gobierno colombiano al considerar a Panamá como paraíso fiscal, tras imposiciones de plazo fatales para la suscripción de un acuerdo fiscal. Se trata de una medida inamistosa, con implicaciones internacionales no deseables en las relaciones armoniosas entre ambos países. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos parece desconocer que la panameña es la economía que más crece en el continente (más del 6%), y que con la ampliación del Canal se estima que ganará tres puntos más por año. Además, parece ignorar que es el segundo país inversionista de largo plazo más grande en Colombia después de Estados Unidos.

Las firmas colombianas han invertido aquí $6 mil 658 millones, lo que representa el 16.8% de los recursos encauzados a los mercados externos por las compañías colombianas, lo que suma $39 mil 662 millones.

Según el Banco de la República (citado por El Tiempo), entre 1994 y el primer semestre de 2014, la inversión de Panamá en Colombia sumó $17 mil 613 millones, monto que representó el 13.3% del total, de $132 mil 614 millones. En el primer semestre del año, contra igual período de 2013, la inversión colombiana en Panamá subió 2.9%, $276 millones, y la de Panamá en Colombia, 24.5%, $1,363 millones.

El centro financiero de Panamá moviliza altos flujos de inversión a Colombia. Entidades de servicios financieros, industrias de alimentos, hoteles, restaurantes, cervecerías, cementeras, aerolíneas y petroleras (Terpel opera la cadena de estaciones de servicios de combustibles y lubricantes Accel). Además de otras empresas colombianas que tienen su base de operaciones aquí. Incluso instituciones financieras de diversos continentes utilizan a Panamá como casa matriz de holdings y puentes para inversiones en Colombia.

La medida discriminatoria del gobierno vecino parece subestimar temas pendientes en la agenda bilateral. En junio de 2013 se concluyó el tratado de libre comercio (TLC), pendiente de ratificación por ambos parlamentos. Uno de los motivos de Panamá para firmar el TLC con Colombia es su interés para ingresar a la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), cuya condición es que tenga acuerdos comerciales con los otros socios. El Gobierno colombiano también pone en riesgo su ambicioso proyecto millonario de interconexión eléctrica con Centroamérica, que entraría en operación en el primer trimestre de 2018. Una iniciativa que deberá pasar el escrutinio de estudios de impacto ambiental en ambos países.

Otro asunto medular en las relaciones de ambos países es el panel arbitral de la Organización Mundial del Comercio, que trata de dirimir la demanda de Panamá contra Colombia, con el argumento de medidas discriminatorias a reexportaciones textiles y de calzados desde Colón.

Aunque Colombia trate de asegurar que sus ciudadanos con residencia fiscal en ese país no evadan impuestos, no puede conminar la suscripción de un lesivo acuerdo a un Estado soberano, porque ello deriva implicaciones comerciales, políticas, sociales y diplomáticas hacia un país que no solo ha sido su segundo inversor, sino que durante los últimos 20 años está sometido a la presión demográfica de miles de sus nacionales que buscan refugio y mejores condiciones de vida.

Colombia, con 48.3 millones de habitantes, ha ejercido influencias buenas en nuestro desarrollo cultural y económico, pero también influencias nocivas para este país de 3.8 millones de habitantes. Si bien es cierto, muchos inversionistas y trabajadores humildes han establecido sus familias, amparados en el Crisol de Razas, también han llegado miles de indocumentados que se dedican a actividades ilícitas. Un ejemplo son los más de mil detenidos que Colombia se niega a repatriar para que cumplan sus condenas. Panamá podría denunciar este tratado que no guarda proporcionalidad, pues no existen estadísticas de panameños detenidos en ese país.

La medida discriminatoria de Colombia no se compadece con el alivio presupuestario que le representa el hecho de que el Estado panameño incluye, sin discriminación, a miles de sus ciudadanos documentados e indocumentados, como beneficiarios de servicios básicos de salud, permisos laborales, subsidios en educación y otros beneficios sociales.

Conforme a las normas de la reciprocidad del derecho internacional, Panamá puede tomar medidas de retaliación contra Colombia, que pretende imponer un trato discriminatorio. Resulta un error diplomático confundir la condescendencia con la subordinación, poner en desventaja a Panamá como centro corporativo y financiero internacional. Sin embargo, se pueden examinar otros mecanismos de cooperación convenientes a los intereses de países que comparte una compleja relación fronteriza.

En particular porque ambos enfrentan retos comunes en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y de armas; así como una agenda bilateral que trata la complementariedad económica y comercial, la integración energética; cooperación y desarrollo fronterizo; controles de flujos migratorios y cooperación sanitaria. Después de un siglo, ambos países han compartido relaciones armoniosas, no exentas de tensiones, por lo que no cabe la subordinación sino condiciones de igualdad inspiradas en una agenda bilateral capaz de comprometer los esfuerzos institucionales en asuntos fronterizos estratégicos para ambos países.

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