PLANES DE ORDENAMIENTO

Equilibrar obligaciones y beneficios en las inversiones: Magela Cabrera Arias

Comparto algunas reflexiones con el propósito de contribuir a impulsar el debate sobre políticas de suelo y de tributación y motivada por informaciones publicadas en los diarios. La primera referida al posible aumento de límite de aplicación (hasta $100 mil) de los intereses preferenciales, establecido en $80 mil. La segunda se refiere a la licitación pública impulsada por la Alcaldía de Panamá para la remodelación del Parque Urracá, que logró convocar a un solo proponente cuya propuesta fue de 4 millones 975 mil dólares.

El cambio de los intereses preferenciales beneficia, fundamentalmente, a los empresarios constructores, y a otros sectores. De aplicarse debería ir acompañado de la observancia de la Ley 6 de ordenamiento territorial, cuyo cumplimiento debe ser asegurado por el Miviot y los municipios. El Art. 3 establece: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía de la propiedad privada”.

A pesar de que la Ley 6 está vigente desde 2006, el crecimiento de la ciudad de Panamá continúa con base en los intereses de inmobiliarias, inversores privados y constructores, en vez de ser el resultado de planes de ordenamiento. El desbalance entre infraestructura y densidad se muestra en Bella Vista, Obarrio (Ave Samuel Lewis y Calle 53), en parte de San Francisco y Bethania y en Punta Paitilla y Punta Pacífica. Además, están vigentes, entre otros instrumentos legales, el Plan Metropolitano y la Ley 21 de Áreas Revertidas, todos con objetivos que pretenden orientar el crecimiento de la ciudad, asegurando el uso de la tierra según sus capacidades y garantizando calidad de vida para los ciudadanos.

La Ley 6 y los planes se incumplen, como resultado tenemos una ciudad caótica con una permanente congestión de tráfico en donde, en vez de favorecer al peatón, se impulsan acciones para permitir más autos y se eliminan zonas verdes. En donde escasean las áreas para estacionamiento, pero cada vez se importan más autos. Una ciudad, cuya infraestructura básica (agua, alcantarillados, electricidad) es insuficiente, tanto para servir a las altas densidades que concentran los nuevos edificios altos, como a las áreas humildes de las periferias. Y en donde se reproduce la inequidad social y la segregación urbana, patentes en proyectos residenciales de 36 m2 en zonas periféricas, en las que las condiciones del entorno urbano son, entre otras, causas de la violencia y la inseguridad.

Ampliar los intereses preferenciales beneficiará a la industria de la construcción y a aquellos que puedan pagar $100 mil por su vivienda; el mejoramiento del Parque Urracá favorecerá a sus vecinos y elevará el valor de la propiedades adyacentes, ya beneficiadas con la construcción de la cinta costera (ambos proyectos pagados con recursos estatales). Es necesario densificar la ciudad para optimizar los servicios que ofrece, pero ese proceso debe ir acompañado del equipamiento e infraestructura necesaria. Es bueno contar con parques bien equipados y espacios públicos de calidad no solo en la ciudad, sino en todos los corregimientos.

Desde hace años, los ciudadanos escuchamos que no hay suficientes recursos para las inversiones, pero el endeudamiento público crece y se dirige a proyectos que no son prioritarios para asegurar el bienestar de las comunidades. Mientras, la inequidad en la distribución de la riqueza se destacan entre las mayores del continente; se mantiene una creciente ocupación del suelo urbano de forma informal; la especulación inmobiliaria es imparable, junto a una permanente incapacidad de los gobiernos para asegurar las viviendas, el equipamiento urbano y los servicios a los que tiene derecho la población.

Con esos antecedentes, pareciera urgente –para planificar y construir nuestras ciudades– analizar y emular otros modelos de la región (incluido los de EU) que promueven ciudades sustentables e incluyentes y que impulsan gestiones que tienen, al menos, cuatro elementos comunes: cumplimiento irrestricto de normas, entre otras, las relativas a porcentajes de espacios públicos obligatorios y características de infraestructura, en función a las densidades permitidas; aplicación justa y masiva de impuestos a la propiedad inmobiliaria (impidiendo la evasión de los más ricos); cobro de un porcentaje de las plusvalías generadas por inversiones públicas a las propiedades privadas, por ejemplo, las del Parque Urracá, la cinta costera y las futuras estaciones del metro; y fiscalización ciudadana para asegurar el buen uso de recursos obtenidos, según se describe en los dos puntos anteriores, y que deben ser reinvertidos por los municipios para construir espacios públicos e infraestructuras necesarias para todas las zonas de la ciudad.

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