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POR UNA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA DE ESTADO.

Escuela y cultura de paz

Vivimos en una sociedad sometida a conflictos sociales relacionados con la pobreza, la inseguridad ciudadana y la exclusión social. Esta realidad agravada por el fenómeno de las pandillas juveniles, crea un ambiente propicio para la violencia, la criminalidad y el poco respeto por la vida; como muestra palpable de esta situación está el deterioro social en el que nos encontramos.

La sociedad en su conjunto espera que la familia y el Estado asuman un rol más protagónico en la promoción de valores de paz y de respeto por la vida.

Sin embargo, no conocemos de políticas coherentes para atender en primer lugar el problema de los jóvenes de los barrios marginados, sin ningún tipo de oportunidades para incorporarse al mercado laboral y que se encuentran resentidos con una sociedad que los discrimina.

Ante el dilema sobre qué hacer frente a la violencia desenfrenada que impera y lacera nuestra fibra social, la respuesta no puede ser solamente represiva y punitiva, sino que debe ser prioritariamente preventiva. Sobre todo si tomamos en cuenta que los jóvenes que se ven envueltos en la criminalidad y el pandillerismo son precisamente los que han estado sometidos a situaciones de abandono o riesgo social y que no han tenido una familia funcional. Por otra parte, algunos de estos jóvenes abandonaron la escuela para irse a las calles desde muy temprana edad.

Los niños y jóvenes que se quedan en las escuelas no escapan de esa violenta realidad, ya que nuestras escuelas constituyen un microcosmos de dicha crisis.

Por ello, estamos ante una tarea formativa conjunta, que debe iniciar en el claustro escolar y con la educación y formación de docentes y padres de familias.

El aprender a vivir en convivencia pacífica se debe iniciar en la familia, pero a falta de esta orientación el Estado debe asumir su rol a través de la escuela, en el marco de una política de estado dirigida a mejorar la capacidad del personal docente y cambiar los programas educativos, especialmente en las escuelas públicas ubicadas en barrios donde la violencia es un asunto cotidiano.

Por supuesto que no estamos planteando que la cultura de paz es un asunto meramente académico, ya que necesitamos mejorar los niveles de vida de estas comunidades y eliminar las situaciones de injusticia, pobreza; además de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

La paz no es un asunto de ausencia de conflictos, la paz es una forma de resolver los conflictos, es así como necesitamos preparar a nuestros niños y jóvenes para la no violencia. Tenemos que lograr que todos los niños de estos barrios marginados regresen a la escuela, pero necesitamos que esa escuela asuma su rol, los prepare académicamente, pero, sobre todo, los prepare para aprender a respetar la vida. Requerimos igualmente que las escuelas sean el centro para aprender a resolver pacíficamente los conflictos. Ya existen experiencias exitosas en toda América de lo que se conoce como mediación escolar.

Sabemos que en este momento el Ministerio de Educación tiene proyectos piloto de mediación escolar, pero tenemos que hacer que se conviertan en una política de estado.

No podemos abandonar las escuelas de los barrios con alto problema de pandillerismo y criminalidad, sino, precisamente, fortalecer esas escuelas con los programas de mediación escolar y educación para la paz, donde se involucre igualmente a los padres de familia.

Si queremos enfrentar responsablemente el problema de la criminalidad juvenil, vamos a tener que invertir en la resolución pacífica de conflictos, es decir, mediación escolar y mediación comunitaria, pero, sobre todo, definir prontamente una política criminológica de estado que incluya la capacitación y creación de empleos para estos jóvenes en conflicto con la ley.

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