CUESTIÓN DE RESPETO

Evitar la complicidad en la violación de derechos humanos: Zeid Ra’ad Al Hussein

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Evitar la complicidad en la violación de derechos humanos: Zeid Ra’ad Al Hussein

El 3 de marzo, Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, fue asesinada por hombres armados en el domicilio de su hermano.

Cáceres era una mujer de especial valentía y principios. Encabezó la resistencia contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque que, supuestamente, se está construyendo sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y amenaza con interrumpir su forma de vida y su acceso al agua.

Casi dos semanas más tarde, Nelson García, otro miembro de Copinh, fue asesinado por hombres desconocidos, después de un desalojo forzoso llevado a cabo por fuerzas de seguridad en la comunidad indígena lenca de Río Chiquito.

Se dice que Honduras es el país más peligroso para ser activista del medio ambiente. En ese sentido, el gobierno debe hacer todo lo posible para romper el círculo vicioso de violencia e impunidad. Pero los financiadores internacionales de proyectos de desarrollo también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.

La represa de Agua Zarca es financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Holandés (FMO), por el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) y por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.

FMO y Finnfund se han comprometido a respetar los derechos humanos en relación con los proyectos que financian. Ambas instituciones han condenado públicamente el asesinato de la señora Cáceres y han demandado una investigación a fondo. Ambas han ofrecido también información pública sobre su contribución y sus futuras acciones en relación con el proyecto.

A raíz de las informaciones sobre el asesinato del señor Nelson García, FMO decidió suspender todas sus actividades en Honduras, pendiente de realizar consultas con las comunidades aledañas a la represa de Agua Zarca y de llevar a cabo una investigación sobre todos los proyectos que apoya en el país.

Sin perjuicio de que las informaciones aportadas por FMO y Finnfund deban ser verificadas su actuación representa lo mínimo que cabría esperarse de una institución financiera en una situación como esta. Me gustaría instar al BCIE y al resto de las entidades que apoyan el proyecto a que hagan lo mismo.

La producción de aceite de palma ha sido otra de las principales causas de conflicto social en Honduras. En septiembre de 2012, Antonio Trejo, abogado del movimiento campesino, que lucha en contra la usurpación de tierras para plantaciones de palma africana, fue asesinado a tiros.

Al igual que en el caso Cáceres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Trejo medidas de protección sin ningún resultado.

Entre 2012 y 2014 se reportaron 64 supuestos asesinatos de miembros del movimiento campesino y defensores de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán. También se habían opuesto a las inversiones en el sector agroindustrial respaldadas por la Corporación Financiera Internacional, el Banco Alemán de Desarrollo y otros financistas.

Los mecanismos de derechos humanos de la ONU habían llamado la atención sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán durante el periodo previo a la inversión realizada por estas instituciones.

El espacio de la sociedad civil se ve amenazado por todas partes. Se han reportado violaciones de los derechos humanos y de dejación de la diligencia debida en el marco de proyectos de inversión apoyados por bancos de desarrollo en países como Serbia, Paraguay, Uzbekistán, Etiopía, Kenia, Camboya, Laos y Panamá, por citar solo algunos ejemplos recientes.

¿Cómo podrían anticiparse y evitarse los riesgos para los derechos humanos?

El punto de partida debería ser un conjunto de políticas de salvaguardia ambiental y social que establezcan claras exigencias en relación con la diligencia debida que corresponde a las instituciones financieras. Estas políticas deberían basarse en el compromiso explícito del prestamista de respetar las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas y poner en práctica todas las medidas que sean necesarias para evitar que los proyectos que financian puedan llevar a sus prestatarios a incumplir sus obligaciones internacionales de ámbito social, ambiental o de derechos humanos.

Ochenta y tres bancos de todo el mundo se han adherido a los Principios de Ecuador, como medio para gestionar los riesgos sociales, principios que incluyen también un compromiso con los derechos humanos.

No hay forma alguna de traer de vuelta a la Berta Cáceres, a Nelson García o a Antonio Trejo, o a los muchos otros que han muerto y que siguen muriendo por la defensa de los más débiles.

El Estado es el principal responsable por los derechos humanos y debe rendir cuentas. Pero, al menos, los que financian proyectos de desarrollo deberán demostrar que toman en serio los riesgos para los derechos humanos y que simplemente no son parte del problema.

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