AMPLIACIÓN

Extraña transacción en el Canal: Marcos Mora Rangel

En el artículo “Otra vez sobre el Canal”, publicado por este diario el 28 de agosto de 2009, señalábamos: “Si bien no me asustan las voces que hablan de conflictos de intereses, sí me ponen a temblar las posibilidades de que este magno y necesario proyecto se convierta en el dolor de cabeza para las presentes y futuras generaciones de panameños. La situación financiera de las empresas líderes del consorcio ganador, aunado a las debilidades técnicas que han señalado algunos de los concursantes luego de concluidos los actos, debe poner al más osado de todos los mortales con la carne de gallina. Las aseveraciones del ingeniero (Alberto) Alemán, de que al primer semestre de este año Sacyr y Vallehermoso han reportado 600 millones de utilidad y han comenzado a saldar su deuda de 16 mil millones de dólares con la venta de activos, por el nivel de sus compromisos y el tipo de empresa, no me tranquilizan para nada.

La ampliación del Canal es la obra de la cual dependerá el país para los próximos años, y la responsabilidad por la situación que hoy se afronta no puede recaer en el sentimiento y en el olfato de un determinado funcionario. Es necesario que se sepa de antemano cuál sería el límite máximo al que se puede extender el contrato suscrito y por qué tipo de consideraciones. Hay un riesgo que debe ser asumido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y otro por el consorcio ganador. Licitar lo más bajo posible, para esperar emparejar las cargas durante la ejecución del proyecto, sería ni más ni menos una vulgar estafa”.

A pesar de lo señalado, deseábamos en lo más íntimo poder estar equivocado, mas como se ha podido observar no ha sido así. La actual situación nos revela sin temor a dudas que el Consorcio Grupos Unidos por el Canal (Gupc) tenía clara su estrategia de licitar bajo y en un punto bien avanzado de “no retorno”, con más del 65% de avance, hacer las exigencias que todos conocemos. Ellos apuestan a que no estamos en condiciones de cambiar el capitán en medio de esta tormenta.

Por otra parte, queda evidenciado que en el futuro, cuando se trate de un macroproyecto de esta magnitud, como podría ser la continuación por parte de otro administrador de proyecto, la ACP deberá mantener al pueblo panameño informado periódicamente de los avances y situaciones que se registran, ya que al final del cuento todos nosotros somos accionistas de dicha obra y no solo los técnicos del Canal. Si a su debido tiempo hubiese sabido que la ACP estaba pagando adelantos a un consorcio con serios problemas de liquidez, pueden estar seguros de que yo habría señalado tal acción como una irresponsabilidad mayúscula por la cual alguien, desde ya, debe hacerse responsable. En ningún proyecto una entidad puede dar montos tan elevados sin respaldo en los avances de obras. Nuestro país para acometer dicha obra gestionó un préstamo, ¿para luego hacer pagos de adelanto sin intereses? Un contratista tiene que procurarse los fondos que se requieran para la obra, pagando los intereses de rigor y generalmente se establece que los ingresos derivados del proyecto no pueden ser usados para otras actividades ajenas al mismo.

Soy consciente de que en este tipo de proyectos hay sobrecostos que se salen de los límites acordados y en consecuencia deben ser asumidos responsablemente por la ACP. He oído al administrador Jorge Luis Quijano señalar que la ACP está en condiciones de acometer las obras pendientes. Antes de hacer cualquier acción, yo le recomendaría al administrador esperar a que Gupc señale su incapacidad de continuar la obra, de suerte que se pueda reclamar la fianza de cumplimiento que en un momento se dijo que era de 600 millones de dólares y ahora de 400. También se deberá exigir el repago inmediato de las sumas adelantadas con cartas de crédito y sin ellas, al igual que los remanentes del proyecto no desembolsados. Lo anterior se aproximaría a los $1,500 millones que se señala se requerirá para terminar las obras. A Gupc no se le puede negar un centavo al que tenga derecho, pero tampoco se le puede regalar un solo centavo que pertenezca al pueblo panameño.

Recomiendo al Gobierno en general, y a la ACP en particular, que este tema sea analizado y coordinado por un equipo interdisciplinario del más alto nivel, no solo de empresarios, que incluya entre otros a la SPIA, Capac, a los colegios de abogados y de economistas, técnicos y especialistas jubilados del Canal, etc.

En resumen, creo que Gupc ha querido aplicarnos un vulgar chantaje, pero también es evidente que dentro de la ACP no todo es color de rosa. A pesar de todo, debemos apoyar que la ACP conduzca a buen puerto el proyecto de ampliación del Canal.

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