SOCIEDAD

Falta de independencia, ¿amiguismo, servilismo o coerción?: Miguel A. Erroz G.

En materia política, de vez en cuando es útil examinar los conceptos que nos pueden guiar a entender por qué ocurren ciertos hechos. Un concepto importante por aclarar es qué ocasiona la dependencia y cómo combatir su causa.

Hay dos maneras generales de conceptualizar la dependencia hacia los más poderosos; en América Latina es común verla como una decisión voluntaria de aquel que se somete, y otra forma, es considerarla como una relación entre patrón y cliente, en la que el patrón controla recursos (puestos, fallos, concesiones, contribución electoral, etc.) que el cliente necesita para mantener su bienestar. Con este control, el patrón se permite utilizar la amenaza de negarle estos recursos al cliente como forma de coaccionarlo para que ejecute sus labores en formas específicas (por ejemplo, apoyo incondicional).

El concepto de que la dependencia es voluntaria conlleva descalificar la coacción como algo que solo ocurre cuando se realiza con fuerza o violencia física contra otra persona. De esta forma, las amenazas no son vistas como coacción, debido a que la persona no ha sido forzada físicamente. Se llega a la conclusión de que el acceder a actuar indebidamente siempre es una decisión voluntaria, resultado de la falta de ética personal.

Esta perspectiva se basa en la conceptualización del comportamiento moral como consecuencia de poseer valores y entendimiento ético, ignorando que la fuerza de voluntad es un ingrediente esencial del comportamiento moral.

Es importante añadir que toda persona, incluso los buenos, tienen una fuerza de voluntad limitada y si la tentación es lo suficientemente fuerte (debido a amenazas, por ejemplo), la limitada fuerza de voluntad se quebrantará. Esto destaca la importancia de que ciertos conceptos-guía sean activamente difundidos, para que se pueda identificar la coacción practicada por los políticos; las dependencias facilitadas por las actuales estructuras de poder dentro de los gobiernos, y se conceptualice la corrupción endémica como algo más que amiguismo y servilismo voluntario.

¿Qué podría garantizar que los ciudadanos, en sus deberes públicos, actúen de forma honesta y responsable? La respuesta intuitiva es apelar a los ciudadanos para que cultiven un mejor carácter. Sin embargo, tenemos que considerar el contexto: el candidato con la valentía para negarse a participar en el clientelismo, no es apoyado; el funcionario con la valentía para actuar con imparcialidad, es despedido o se expone a la represalia; y a menudo el empresario con la valentía para resistir el clientelismo ve afectado su negocio y porvenir.

No cabe duda de que la fuerza de voluntad y su producto –el autocontrol– sean importantes, pero no cambian la naturaleza coercitiva de la situación o la necesidad de sobrevivirla. Para deshacernos del doblegamiento endémico, la solución invariablemente deberá incluir la eliminación de los instrumentos que facilitan la coacción.

Las sociedades con funcionarios y ciudadanos independientes e imparciales los tienen, porque han creado los instrumentos necesarios para habilitarlos. Estos incluyen, entre los mejores ejemplos, la elección democrática de los fiscales; jueces nominados por una comisión de notables apolítica y luego sometidos al voto popular recurrente, y empleados públicos cuya carrera es administrada por una comisión civil, no políticos. Un ejemplo para ilustrar, la Constitución del estado de Texas (artículo 5, Sección 18) establece que hasta ocho alguaciles sean electos democráticamente en cada distrito, con autoridad en todo el estado para investigar y aplicar la ley.

De crearse tales instrumentos estructurales, se formarían funcionarios imparciales, con potestad para actuar debidamente, lo que incluye el castigar las ilegalidades de otros funcionarios, políticos y sus socios, sin temor a la represalia política.

Los funcionarios, en gran medida, dejarían de ser secuaces de los políticos o de contar con su protección. En paralelo, debido a que los políticos perderían el poder de distribuir beneficios ilícitos a sus contribuyentes, el ciudadano ya no necesitaría apoyar a políticos como forma de asegurar su quehacer personal. Esto crearía un control contra el clientelismo y la arbitrariedad. Además, no recibir beneficios personales incentivaría a la comunidad a apoyar a los políticos con las características necesarias para legislar normas sostenibles y combatir el abuso.

Las naciones de América Latina no tienen una ciudadanía con menos fuerza de voluntad, pero, en gran medida, sus políticos, funcionarios, empresarios y partidistas actúan indebidamente en sus deberes públicos, porque la estructura del poder dentro de sus gobiernos establece instrumentos que habilitan a pocos para coaccionar a muchos. Para acabar con este mal, es esencial que participemos en diálogos que den a conocer los conceptos que aclaren esto.

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