UN SERVICIO COSTOSO PARA EL PAÍS

Fatca, este muerto no lo cargo yo: Ricardo M. Alba

En virtud del principio universal de tributación que sigue Estados Unidos (EU), los contribuyentes deben pagar impuestos por las rentas que generen dentro y fuera de ese país. El problema es que muchos no pagan los que se generan por fuentes externas, ya sea por falta de disposición para ello o por limitaciones en su aparato de recaudación fiscal.

Las autoridades estadounidenses estiman en mil millones de dólares por año la brecha de recaudación, en consecuencia, vienen ensayando, progresivamente, a través de los años mecanismos para recoger esos fondos, por ejemplo, mediante las solicitudes de información por tratados de asistencia legal mutua que incluyen delitos tributarios, obligaciones de “intermediarios calificados” a proveedores de servicios, convenios para evitar la doble tributación, acuerdos para el intercambio de información tributaria y acuerdos para el intercambio automático de esta.

Los esfuerzos de transferir a otros países y a sus proveedores de servicios la responsabilidad de recaudar sus impuestos, apelando a un alcance extraterritorial de sus normas y poderes, no han sido suficientes, de ahí que promulgaran en 2010 la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés), que requiere a individuos contribuyentes de EU reportar sus cuentas en el extranjero, y a los proveedores de servicios financieros, hacerlo ante el Servicio Interno de Impuestos (Internal Revenue Services, IRS, por sus siglas en inglés).

Si bien la aplicación de Fatca debe ser examinada en los aspectos legales, políticos, operativos, de costo y de efectos comerciales y económicos, este artículo se limita a expresar –en forma somera por limitaciones de espacio– algunos criterios sobre a quienes recaería en Panamá el costo de la aplicación de las normas de Fatca.

Las modalidades de aplicación son básicamente las siguientes:

1. El convenio entre la “entidad financiera extranjera” y el IRS que implica recopilar la información de las “cuentas extranjeras”, para que sean suministradas por el proveedor de servicios bancarios y de otros tipos determinados al IRS. Se supone que el costo de todo el proceso de recopilación y cumplimiento está a cargo del proveedor de servicios y hay poca duda de que será transferido a los propietarios de las cuentas y, cuidado, que también al resto de los usuarios de los servicios.

2. El acuerdo intergubernamental de una vía, según el cual el organismo tributario de Panamá recoge la información y la proporciona al IRS. El costo y cumplimiento estaría a cargo de los contribuyentes panameños.

3. El acuerdo intergubernamental recíproco, aquí el organismo tributario de Panamá recopila la información y la proporciona al IRS y este, a su vez, recoge la información correspondiente en su país y la facilita al organismo tributario de Panamá. El costo estaría a cargo de los contribuyentes de cada país.

¿Puede una entidad financiera extranjera sustraerse, cómodamente, de la obligación del convenio con el IRS? Es una evaluación de costo-beneficio que cada una tendría que hacer, tomando en cuenta las consecuencias sobre el negocio y las medidas coercitivas y punitivas de EU y los plazos que deben cumplirse en 2013.

Lo más apropiado es que los proveedores de servicio se hagan cargo de la responsabilidad de aplicación y del costo de cumplimiento. De allí que sea innecesario e inconveniente, a la luz de los sencillos elementos de juicio aportados, que Panamá celebre un acuerdo intergubernamental de estos dos tipos. Con ambos haríamos, gratis, el servicio de ayudar a cobrar impuestos al Tesoro de EU. Es contradictorio que mientras el Gobierno de Panamá paga a una empresa una comisión por la asistencia en el cobro de impuestos en todo el país, vaya a prestar gratuitamente este servicio a un gobierno extranjero.

Por otra parte, Panamá, en atención a su sistema territorial de tributación, tiene poca o ninguna información tributaria que solicitarle a EU, del tipo que se establece en Fatca. Un acuerdo intergubernamental se justificaría, si el Gobierno le cobrara a los bancos por el servicio, o si Panamá negociara un convenio de esa clase que incluyera la cláusula de recibir compensación de EU por el costo del servicio, a través de un porcentaje del impuesto recolectado u otra forma de compensación económica o comercial, negociada y aprobada simultáneamente al acuerdo intergubernamental.

¿Debe Panamá cobrar gratuitamente los impuestos de un gobierno extranjero? Los contribuyentes no tenemos que cargar con este muerto.

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