RENDICIÓN DE CUENTAS

Fin del oscurantismo: Franklin Castrellón

El 30 de junio de 2014 concluirá el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, y con ello terminará una era de oscurantismo –más que de opacidad– en materia de rendición de cuentas. Aunque opacidad es la palabra más utilizada para identificar la falta de transparencia, prefiero oscurantismo, porque este gobierno nos hizo recordar aquella época de la Edad Media caracterizada por la intolerancia al conocimiento y a la crítica.

A pesar de que la Ley de Transparencia (Ley No. 6 de 22 de enero de 2002) obliga a los ministros y jefes de entidades “a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido”, este mandato ha sido burlado de forma prepotente y arrogante a lo largo de los últimos cinco años. Incluso, ahora lo ha sido durante el actual periodo de transición, con la convocatoria a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, para discutir más de 20 proyectos de ley sin haberlos sometido siquiera a la más elemental consulta pública.

También se ha violado institucionalmente el mecanismo de hábeas data (Art. 17), que es un recurso legal disponible al ciudadano “cuando el funcionario público titular o responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya suministrado lo solicitado o si, suministrado lo requerido, se haya hecho de manera insuficiente o en forma inexacta”. En esta consistente violación de la ley, los funcionarios han contado con el apoyo de los tribunales superiores (subordinados a la Corte Suprema de Justicia) a quienes, en virtud de dicha ley, les corresponde velar por el cumplimiento de las acciones de habeas data y de amparo de garantías constitucionales.

Es decir, en materia de transparencia de la gestión pública los tribunales y la Corte Suprema han sido omisos en el cumplimiento de su responsabilidad legal y constitucional. Es por ello que los funcionarios no han tenido reparo en decir que no darían información o entrevistas a periodistas de medios independientes sobre temas de interés público. Tan cínica ha sido esta actitud, que el funcionario responsable de impulsar la rendición de cuentas (el secretario de Comunicación del Estado) ha afirmado que ellos rinden cuentas de su gestión a través de la publicidad pagada. Publicidad que no ha tenido el menor valor informativo.

La razón de ser de la transparencia descansa en dos aspectos: los funcionarios manejan recursos públicos (no propios), y la rendición de cuentas es un mecanismo de control de la corrupción. El oscurantismo que ha caracterizado al gobierno saliente no tiene precedente en democracia. Tan generalizado ha sido el problema, que ministros y rectores de agencias estatales se ha negado a dar entrevistas o a responder cuestionarios para ediciones especiales dedicadas a sus respectivas áreas de competencia, para no verse obligados a responder preguntas sobre temas controversiales.

Este oscurantismo parece estar ligado a escándalos que arrojan serias dudas sobre altos funcionarios. En un artículo titulado “La falta de transparencia y su influencia en el gobierno”, Zelideth Cortez, en La Estrella (16/8/2013), identificaba algunos de esos escándalos: Tráfico humano en el Servicio Nacional de Migración; dudosas titulaciones en la Autoridad Nacional de Tierras; uso de recursos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para apoyar aspiraciones políticas de candidatos del gobierno; contrataciones directas multimillonarias a precios exorbitantes en los ministerios de Obras Públicas y de Salud, y un largo etcétera.

A pesar de todas las evidencias y claros indicios presentados por medios independientes, el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) ha preferido ignorar los hechos. ¡Otra visible omisión de funciones públicas! Y el funcionario responsable de rendir cuentas a nivel presidencial solo atina a explicar que esos son “sesgos de la opo”, en actitud que revela plena confianza en el régimen de impunidad creado a la sombra del presidencialismo.

Confío en que el próximo gobierno honrará su promesa de “administrar los recursos del Estado de manera responsable, con transparencia y equidad, para beneficio de todos los panameños”. Pero también tendrá que vencer enormes obstáculos para limpiar al gobierno de las lacras y ejecutar las auditorías prometidas en las instituciones que han sido pasto de la codicia practicada por malos panameños. Para ello deberá contar con el apoyo de los mejores hombres y mujeres del Partido Revolucionario Democrático, que tiene en esta coyuntura una gran oportunidad histórica.

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