COMBATIR LA RECESIÓN

Un uso racional para el Fondo Fiduciario para el Desarrollo: Guillermo Chapman

Para evaluar la conveniencia de hacer modificaciones al Fondo Fiduciario para el Desarrollo o FFD es oportuno referirse a los objetivos que motivaron su creación... y si estos objetivos son aún válidos. La intención original fue crear las bases para enfrentar uno de los problemas de fondo de nuestra economía: la falta de ahorro nacional.

Esta limitación de naturaleza estructural se manifiesta en el elevado déficit que con frecuencia muestra la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos a la que no le ponemos atención, a diferencia del resto del hemisferio, por no tener una moneda propia. En años recientes, los déficit externos de Panamá han excedido el 10% del PIB, cota esta que en el caso de los países del sur de Europa disparó las alarmas de los analistas y tienen a los mercados en zozobra sobre el futuro del euro. Esos países han financiado la brecha externa con deuda pública colocada en el sistema financiero regional, mientras que en Panamá este déficit externo se ha financiado principalmente con inversión directa extranjera (en puertos, plantas eléctricas, hoteles, centros comerciales, venta de empresas, apartamentos y casas de recreo, por ejemplo), aunque también se ha acudido en cierto grado al endeudamiento público.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos es el resultado de que el país invierte más de lo que ahorran sus residentes y esa diferencia se compensa con fondos del extranjero. El Gobierno ha tenido históricamente ahorros corrientes importantes (ingresos corrientes menos gastos corrientes), pero en la mayoría de los años este ahorro se ha dirigido a financiar una parte del programa de inversiones, con lo cual no solo no se han acumulado activos financieros ni se ha reducido la deuda pública, por lo que el nivel de endeudamiento público se ha incrementado. Para complicar el panorama, el sector privado, especialmente las familias, ahorra poco y gasta mucho por lo que se sigue endeudando hasta el punto de que la cartera de crédito solo de los bancos (sin incluir financieras, cooperativas y fuentes informales) equivale al valor de un año entero de la producción nacional.

El FFD, pues, buscaba apoyar al escaso ahorro interno y evitaba en su reglamento usarlo para invertir en obras físicas o de infraestructura, lo cual hubiese derrotado el propósito fundamental para el que fue creado.

Otra posible deficiencia estructural de la dolarizada economía panameña, que algunos analistas podrían querer resolver con el FFD, sería usar el gasto fiscal para salir de las recesiones, dada la ausencia de un banco central que inyectara liquidez a la economía. No compartimos este segundo enfoque más que por razones filosóficas, por razones prácticas: los gobiernos siempre tendrían suficientes argumentos vendibles a la población y a los políticos de que el momento para romper la “alcancía” del FFD era precisamente el que coincidía con el periodo de su mandato.

Además, el FFD, concebido para que el Gobierno pudiera utilizar solo los rendimientos de su capital, es un muy limitado por su magnitud para el estímulo fiscal ya que el rédito que se puede obtener con los $1,240 millones de patrimonio que tiene en estos momentos solo permitiría lograr un impacto mínimo frente a una recesión.

Un fondo soberano como el que ha propuesto el rector de MEF sí tendría las condiciones y magnitud para cumplir cabalmente con la tarea de contar con un instrumento eficaz para combatir las recesiones. Sin embargo, el fondo soberano que se nutriría de los excedentes de ingresos a ser generados por la ampliación del Canal no contaría con los recursos necesarios de manera instantánea, puesto que se tiene que esperar a que se concluya la obra y que esta empiece a generar dividendos extraordinarios. De allí nuestra propuesta que el actual FFD pase íntegramente y de manera inmediata a ser el capital semilla del nuevo fondo soberano. Un corolario de esta idea es la inconveniencia de desviar en estos momentos recursos del FFD a proyectos de inversión en infraestructura, cuya gestación y recuperación requiere un plazo prolongado dada la presente coyuntura y que contribuiría a “recalentar” la economía con sus lógicos efectos inflacionarios.

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