AMPLIACIÓN DEL CANAL

Si GUPC no la termina, yo sí: Marcos Mora Rangel

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Si GUPC no la termina, yo sí: Marcos Mora Rangel

A raíz de las recientes confrontaciones entre el contratista del tercer juego de esclusas del proyecto de ampliación del Canal (Grupo Unidos por el Canal, GUPC) y la Autoridad del Canal (ACP), recuerdo que, en mi condición de coordinador de proyectos de ingeniería, tuve que relacionarme con el gerente de una reconocida firma mexicana que ejecutaba un macroproyecto en Panamá. El alto ejecutivo me dijo que para él era fundamental que desde el primer momento nos dijésemos las verdades para que al final quedáramos como cuates, en vez de terminar a las trompadas. El proyecto concluyó relativamente bien, con las dificultades previstas, entre ellas las relativas al tiempo y los costos, que en casi toda obra fallan o se incumplen, a veces por culpa del contratista y otras por causas ajenas a su voluntad.

En el caso de la ACP, a mi modo de ver y según la evaluación de lo acontecido, esta le dijo a GUPC que deberían ser cuates desde el principio, pero al final terminan mostrándose los colmillos.

Si leen los artículos “Otra vez sobre el Canal” (La Prensa, 28/8/2009) y “Extraña transacción en el Canal” (La Prensa 17/1/2014) –que coinciden con la opinión de muchos panameños preocupados sobre el tema– llegarán a la conclusión de que estamos ante el proyecto peor manejado por la ACP en toda su historia. Si bien es una obra compleja, registro algunas irregularidades:

1. Se consideró entre las oferentes a empresas que reflejaban signos de debilidad financiera, publicitadas en el ámbito internacional y, aunque en ocasiones estas no se materializaron, creo que faltó malicia y acuciosidad. En ningún momento la ACP dio un argumento sustentable del porqué permitió la participación de GUPC, que luego revelaría hasta la saciedad las dificultades que confrontaba.

Una vez entró en ejecución el proyecto, salió a flote la mencionada debilidad financiera. La ACP, en vez de revelar esto y suspender de inmediato al contratista –si no disponía de los fondos requeridos–, lo que hizo fue dar un financiamiento extraordinario de $860 millones con los que quería tapar su incapacidad. Para disimular esa transacción la clasifican como un adelanto. ¿Desde cuándo un adelanto a las obras se puede realizar fuera del monto originalmente contratado? Lo peor del caso es que la condición que se le brindó al consorcio le obliga a pagar fuera del periodo de vencimiento de las obras, y los escalamientos y otros sobrecostos se han estado pagando en adición al monto contratado, en vez de descontar de los $860 millones.

2. GUPC, aparte de recibir sus pagos dentro del periodo convenido, aun se queja de retraso en la entrega. ¿Desde cuándo nuestro país tenía la obligación de hacer esa extraña transacción por $860 millones? En el último artículo que escribí sobre este tema, en mi condición de accionista del Canal, pedí las explicaciones del caso, pero parece ser que la ACP está recubierta de mantequilla y que todo se le resbala.

Recientemente, ante un perverso pedido de ayuda adicional por $90 millones por parte de GUPC, la ingeniera Ilya Espino de Marotta tuvo la valentía y la dignidad de decir tajantemente, aunque un poco tarde, que la ACP no es un banco.

3. Para ejecutar las obras de ampliación Panamá tuvo que recurrir a fuentes de financiamiento para obtener los fondos requeridos. ¿Bajo qué condiciones se otorgaron, irresponsablemente, los $860 millones a GUPC?

4. Cuando los contratistas dan muestras de debilidad financiera tienden a hacer obras con una calidad menor a la requerida y aquí estamos frente a una obra que, de acuerdo con las especificaciones, debe durar por los próximos 100 años, como tiene el Canal existente. Igualmente, en situaciones críticas se pueden ejecutar acciones desesperadas, como alterar informes y modificar alcances, tal cual quedó demostrado hace poco. Otro exabrupto es que GUPC hizo reclamaciones por un monto superior al contrato inicial.

5. Ante la posibilidad de que GUPC no pueda concluir las obras, no tengo la menor duda de que los componentes que faltan, de menor dificultad técnica, puedan ser ejecutados localmente; solo hay que tener los amarres legales para que GUPC no alegue desconocimiento de la garantía por el resto en el futuro.

6. GUPC tiene una situación financiera crítica. No solo debe retornar a la ACP los $860 millones, sino también el monto de las multas por atrasos que desde hace rato la ACP debió divulgar.

En el componente del tercer juego de esclusas se ha dado la concurrencia de contratistas altaneros, irresponsables y chantajistas a los que desde un primer momento se les debió parar. Por parte de la ACP tenemos a un administrador que tiene frentes de confrontación interno y externo, pero que evidencia un débil nivel de comunicación. Tanto la ACP como GUPC han mostrado una baja capacidad de negociación. Recomiendo que se inhabilite a las empresas y técnicos del consorcio que hicieron gala de chantaje al país. El Canal es la empresa mejor organizada de Panamá y cuenta con recurso humano de primer orden. Su éxito descansa en el hecho de estar alejada de la política. Sin embargo, con este proyecto se comienza a sentir un leve tufillo de que también en esa orilla se “están friendo morcillas y hasta aquí llega el olor”. La autonomía total y completa, sin fiscalización externa, se presta a la corrupción, porque como decía nuestra abuela, “bueno es culantro, pero no tanto”.

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