IMPUNIDAD

Gobernantes y meretrices: Julio Fidel Macías Hernández

La aprobación de la ley 55 de 21 de septiembre de 2012, que –entre otras cosas- reduce de forma fatal los tiempos de investigación penal contra los miembros de la Asamblea Nacional, y la reciente discusión y aprobación en tercer debate del proyecto de ley número 523 que entre otras recorta los términos de prescripción de la acción penal para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública, son muestras palpables de la prostitución de la función de gobernar y del uso del poder para bastardear los fines de la política.

En la otrora Roma se llamaba meretriz a la mujer que, sin amor, contraía matrimonio con un hombre por interés económico. Este principio se aplica -a medida del deseo- a aquellos funcionarios que, sin vocación de servicio, asumen el puesto público con un interés puramente económico. Ello es así, porque en el caso de los dos instrumentos jurídicos antes mencionados, uno ley de la República y el otro, en vías de serlo, pareciera que el verdadero propósito que se busca es evadir cuestionamientos sobre el amasar de fortunas mal habidas y evitar que el brazo de la justicia alcance tales actos de corrupción.

Nuevamente nuestros honorables diputados, generan un efecto convexo en leyes que pese a que cumplen con los aspectos formales de su postulación no gozan de legitimidad, por cuanto buscan proteger intereses particulares insanos, por encima de los de la mayoría.

No existe ninguna razón plausible para reducir fatalmente los tiempos de investigación penal a diputados, ni para reducir los términos de prescripción de la acción penal en los delitos que impliquen corrupción de los funcionarios públicos. A contrario sensu, somos del criterio que la visión del Estado moderno debe integrar a la administración pública principios de transparencia y rendición de cuentas. En tal sentido, la historia nos deja un ilustrado legado en la institución jurídica del derecho indiano denominado “juicios de residencia”, el cual constituyó una importante herramienta judicial en la gestión política y el control de las actuaciones de funcionarios públicos, con el objeto de minimizar y/o evitar corruptelas en el ejercicio del poder.

En este procedimiento las actuaciones del funcionario se sometían a un escrutinio al final de su gestión, se escuchaban todas las acusaciones que hubiese en su contra y este no podía asumir otro cargo público hasta que resultase absuelto de los cargos formulados. En la actualidad, un instrumento como este pondría fin a la inmunidad, que en la mayoría de los casos se traduce en impunidad.

Los parapetos escandalosos de nuestros diputados y otras tantas actuaciones oficiales que constantemente socavan, acosan y prostituyen nuestra democracia nos llevan a reflexionar sobre la división de nuestra República en dos países: el país de riquezas, bonanzas y progreso económico, y el país de la corrupción y el deterioro social e institucional, cual meretriz que sacrifica su espíritu, sus valores, sus verdaderos sentimientos, por su anhelada prosperidad económica.

Lo cierto es que no podemos aspirar a un desarrollo integral como país, enfocado solo en el aspecto económico, con instituciones democráticas débiles, con obstáculos legales para detectar y combatir la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, con una Asamblea de Diputados circense y una justicia coja. Con límites a la libertad de expresión e información y un sistema educativo paupérrimo. Con un sistema de transporte público ineficaz, violencia e inseguridad ciudadana y una canasta básica en las nubes. Probablemente este gobierno será recordado como el de mayor crecimiento económico y ejecución de obras públicas, pero al unísono, es probable que cargue con el peso de haber afectado grandemente la institucionalidad democrática del país. El reto que como país tenemos es lograr una conciliación entre el crecimiento económico y el fortalecimiento de las instituciones y la democracia representativa como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo integral de Panamá.

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