ACCESO A LA INFORMACIÓN

Gobierno abierto y gobernabilidad política: Rufino Fernández

En la década del 80 del siglo pasado, dentro del marco de la segunda Reforma del Estado y de lo que algunos politólogos han denominado la tercera ola democrática, empezó a configurarse una institucionalidad –reglas del juego, en el argot de los teóricos neo institucionalistas– centrada en una concepción que privilegia el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, estas dos últimas instituciones quedan vacías de contenido en la medida en que la primera carezca de una dinámica interna que la dote de herramientas prácticas que la conviertan en un instrumento de control social al servicio de la sociedad civil.

En las reformas de la Constitución Política de 1972, aprobadas en 1984, se introdujeron importantes cambios –artículos 41, 42 y 43– que propician el acceso de los ciudadanos a la información pública y a la protección de esta. Las precitadas normas constitucionales fueron puestas en vigor mediante la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta las normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y dicta otras disposiciones.

Esta ley que tiene un contenido de avanzada porque crea la institución del hábeas data dirigida a obligar a los servidores públicos a contestar las peticiones de información que presenten los ciudadanos, recoge en su articulado normas extremadamente flexibles sobre la información reservada. Esto, en la práctica, sumado al hecho de que la Corte Suprema de Justicia, como es usual, no resuelve de forma oportuna tales recursos, limitan su efectividad.

El libre acceso a la información pública en una democracia lleva a la transparencia y estas dos instituciones, junto con el gobierno abierto, son la base de la rendición de cuentas de los servidores públicos. Esta última, sin el concurso de las dos primeras, se convierte en una simple manifestación de intencionalidad, carente de efectividad. Este aserto nos lleva explicitar la naturaleza del gobierno abierto.

Comenzaremos por afirmar que en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, la no consideración del gobierno abierto constituye una marcada debilidad que afecta sus potencialidades de convertirse en un instrumento efectivo de control social, porque el libre acceso a la información y la transparencia quedan seriamente comprometidos, si la data pública es presentada como una masa de datos en bruto.

En ese sentido, el gobierno abierto es una herramienta que hace posible la publicación de información del sector público en formatos que le faciliten a los ciudadanos el uso y revisión de su contenido, con dificultades mínimas y en tiempo oportuno. Los formatos actuales limitan mucho su uso, lo que obstaculiza las comunicaciones entre los ciudadanos y los órganos del Estado, y la participación de los primeros en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas.

Hay que anotar que para que la información entregada a través del gobierno abierto cumpla sus propósitos, al decir de la Sunligth Foundation, sus datos tienen que ser completos, primarios, oportunos y accesibles. Además, deben ser procesados por máquinas, ninguna entidad debe tener su control exclusivo, permanecer en el tiempo y no tener costo alguno para uso.

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