IGLESIAS DEL CASCO ANTIGUO

El Gobierno regala nuestro patrimonio histórico: Olmedo Beluche

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El Gobierno regala nuestro patrimonio histórico: Olmedo Beluche

Cuando uno cree agotada la capacidad de asombro de lo que son capaces de hacer los gobiernos panameños, siempre aparece un hecho más increíble que los anteriores. Gracias al Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña, coordinado por Ana Elena Porras y Ricardo Ríos T., nos enteramos de que la administración de Juan C. Varela, secretamente, decidió privatizar parte del patrimonio histórico nacional al traspasar las iglesias del Casco Antiguo a manos de la Arquidiócesis de la Iglesia católica (La Prensa, 22/7/2015).

Es un hecho notorio el acendrado catolicismo del presidente Varela y, aunque frente a sus creencias personales no cabe cuestionamiento, pues cada quien es libre de elegir opiniones religiosas, es abusivo que cada evento en el que participa, como funcionario público, se acompañe de un rito, pues el Estado que representa es laico. Pertenece a la esfera de los mitos urbanos –o sea del bochinche– que cada decisión de gobierno va acompañada de rezos, lo que preocupa y explicaría parte del “tortuguismo” de que se le acusa. Pero es inadmisible que las iglesias que durante más de un siglo han pertenecido a la administración pública, vía Patrimonio Histórico, sean regaladas graciosamente a la Iglesia.

La Gaceta Oficial Digital No. 27792, año CXI, del 1 de junio de 2015, formaliza una resolución de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), C.N.T. 002, del 15 de abril de 2015, por la que “se autoriza constituir finca a favor de la nación y adjudicarla a título gratuito a favor de la Iglesia católica, Arquidiócesis de Panamá, los terrenos baldíos nacionales donde se ubica la iglesia de San José, la iglesia San Francisco de Asís (casa parroquial), la iglesia San Francisco de Asís e iglesia de Santo Domingo”, ubicadas en el corregimiento de San Felipe.

Nos enteramos de que esta privatización del patrimonio no es nueva, sino que con ello Varela sigue los mismos pasos del gobierno de Ricardo Martinelli que, mediante Gaceta Oficial Digital No. 27392, de 10 de octubre de 2013, formalizó otra resolución de la Anati, que regalaba a la Iglesia católica la Catedral Metropolitana y la iglesia de La Merced.

¿Si la Catedral ha sido traspasada a la propiedad de la Iglesia católica, y ya no nos pertenece a todos por la vía del Estado, por qué la Nación debe pagar la restauración de ese templo, que costará millones de dólares, como acaba de aprobar este gobierno? ¿No constituye esto un doble abuso legalmente cuestionable?

Estas privatizaciones retrotraen al país al siglo XIX, cuando el presidente colombiano Tomás C. de Mosquera, con el apoyo de prominentes panameños, como Justo Arosemena, decretó el 9 de septiembre de 1861 la “desamortización de bienes de manos muertas en manos de la Iglesia católica”. Reforma liberal cuyo sentido no fue la persecución de ideas religiosas, sino la modernización económica, poniendo a disposición del mercado enormes propiedades urbanas y latifundios que estaban en manos de la Iglesia que, como bien dicen los profesores en su comunicado, era la mayor propietaria inmobiliaria de la época.

Si alguien de forma equivocada cree que la Iglesia reclamaba algo, hay que recordarle que 20 años después del gobierno de Mosquera, el presidente Rafael Núñez firmó con la Iglesia el Concordato de 1887, que garantizó una serie de prerrogativas e indemnizó con 800 mil pesos por las propiedades nacionalizadas. Desde entonces, la Iglesia ha podido administrar, utilizar y oficiar libremente en esos templos, pero su propiedad siguió siendo parte de la Nación, después de 1903, pasando por todo tipo de gobiernos que nunca se atrevieron a retrotraer aquella decisión, frente a la que la Iglesia tampoco sostuvo ningún reclamo.

Exigimos que el gobierno de Juan Carlos Varela corrija esta desnacionalización abusiva del patrimonio histórico de todos los panameños, que solo podemos explicar por el afán privatizador impuesto por criterios neoliberales que ahora pretenden privatizar el Idaan, la salud y la educación públicas.

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