ANTEPROYECTO 438

Golpe a la institucionalidad de la Corte: Jorge Chang Villarreal

La separación de los poderes desarrollada por Charles Montesquieu en el Espíritu de las Leyes, es una falacia en Panamá. Pero lo más triste es que la política tradicional entre a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, porque es el lugar en donde los panameños de todas las clases sociales van a pedir justicia. Cuando la justicia se politiza es un preludio claro de la descomposición de la sociedad, y de no realizar ajustes rápidos, la democracia corre peligro.

El anteproyecto 438, en su exposición de motivos, pareciera que busca combatir la corrupción y la mora judicial y, créame, que todos los actores sociales, sean abogados o no, podrían respaldar esa iniciativa, pero basta con una lectura rápida del anteproyecto para darse cuenta de que los intereses detrás de la cortina son otros. Por un lado, el artículo 85 busca mantener una mayoría simple en el pleno de la Corte, con lo que podría sesionar tan solo con cinco magistrados y tomar decisiones con una mayoría absoluta de tres. Esto es un claro golpe al balance natural que debe existir en la Corte Suprema (actualmente son nueve los magistrados, y cinco de ellos hacen la mayoría absoluta). Por otro lado, el artículo 120, casi desaparece la carrera judicial y, básicamente, colocaría en interinidad a los jueces municipales, de circuito y magistrados de los tribunales superiores, cuando uno de los preceptos básicos de la carrera judicial es verificar la experticia de los jueces y sus méritos académicos.

El otro artículo que tiene una contradicción jurídica es el 2178, que mandata a la justicia administrativa –entendiéndose por esta a los corregidores y alcaldes– la facultad de hacer allanamientos en casas y edificios particulares, sin tomar en cuenta el sistema penal acusatorio implementado ya en el Segundo Distrito Judicial –provincias de Veraguas y Coclé– que confiere estas diligencias judiciales al juez de garantías, quien es el encargado de velar para que las garantías fundamentales de los ciudadanos no se vulneren, como lo señala la Constitución, artículos del 17 al 55. La realidad es que este proyecto dista mucho de lo que necesita el país para combatir la corrupción y la mora en el Órgano Judicial, es por esto que los distintos grupos jurídicos solicitan que se saque de primer debate y se realicen foros académicos para que la comunidad –jurídica y no jurídica– haga aportes y obtengamos un proyecto que todos podamos respaldar.

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