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EL MALCONTENTO

Golpe final a la justicia: Paco Gómez Nadal

Que la justicia en Panamá no funciona no es ni un secreto ni algo novedoso. Hace tiempo que la burocracia, la impunidad, la politización y la arbitrariedad están incrustadas en la estructura molecular del Órgano Judicial. También es cierto que Panamá, como sociedad, había dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a mejorar el estado de las cosas en la justicia. Organizaciones de la sociedad civil, esas que tanto incomodan a este gobierno y que tanta dignidad aportan al país, e incluso, algunos altos funcionarios de gobiernos anteriores, trabajaron duro para alcanzar el Pacto de Estado por la Justicia (2009) que, de haberse puesto en marcha con rigor, hubiera supuesto una esperanza, una ruta decidida para que la ciudadanía panameña recuperara la confianza en una justicia que no es igual para todos y que no está al servicio del interés general.

Con el gobierno de Ricardo Martinelli se demostró que lo que está mal siempre puede ir a peor. ¿Recuerdan? Comenzó golpeando con la destitución y persecución de la entonces procuradora, Ana Matilde Gómez, pero los episodios de acoso y derribo al Órgano Judicial han sido tantos que listarlo aquí se haría agotador.

La última jugada, esa especie de “juicio político” que le van a abrir en la Asamblea Nacional cooptada al magistrado Jerónimo Mejía, es el penúltimo acto de la autocracia que Martinelli quiere tapar a punta de cemento e inauguración de obras faraónicas. La oposición, el Colegio de Abogados, las organizaciones independientes, los exmagistrados..., todo el mundo ve en la denuncia contra Mejía una operación política para escorar –más aun– hacia el oficialismo la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente de la CSJ, Alejandro Moncada, en lugar de hablar, posicionarse y defender a su compañero, se ha comportado con la misma soberbia y con el mismo carácter autoritario del Presidente de la República. No solo no da declaraciones porque no le gustan los medios, sino que se atreve a espetarle a los periodistas: “Cuando ustedes entiendan lo que debe ser noticia, entonces doy declaraciones”. ¿Imaginan ustedes a un acusado que le diga a un juez: “cuando usted entienda lo que es justicia, entonces me someto a este tribunal”. El descaro y el carácter antidemocrático de Moncada es monumental. No solo se trata de un funcionario, cuyo salario lo pagan todos los panameños, sino que se supone que debe regirse por un criterio de transparencia que permita a la ciudadanía confiar en el órgano que dirige. Su silencio no es gratuito, sino el pago obediente a otras pleitesías no confesables.

Es difícil imaginar situación política más deprimente que la que tiene Panamá en este momento. Un Presidente de la República que hace lo que le viene en gana y que se guarda una carta bajo la manga electoral que nadie conoce –es evidente que el candidato de paja José Domingo Arias no aguanta un leve examen en las urnas–; una Asamblea que sigue al dictado las órdenes del Palacio de las Garzas; una oposición desprestigiada y sin propuestas que en un caso quiere olvidar sus recientes complicidades (los panameñistas) y en el otro quiere provocar la amnesia colectiva (el PRD); una justicia que no puede conjugar la palabra “independencia”; un Presidente déspota que compra y vende todo y que está construyendo un imperio mediático; una población encandilada, agotada y/o reprimida, y una comunidad internacional encantada de hacer negocios en el país aunque sea a costa de entrar en la lógica de la coima y los chanchullos.

Las esperanzas son a mediano plazo, nada inmediato. Desde el fortalecimiento de partidos políticos alternos como el FAD hasta las nuevas generaciones que construyen alternativas desde abajo; desde la unión de indígenas, afrodescendientes y campesinos empobrecidos hasta los dubitativos movimientos ecologistas... hay opciones, pero ninguna es para mañana.

Por eso, el caso de Mejía me parece especialmente escandaloso. Es el golpe final a un aparato de justicia que necesitará de varios lustros para limpiarse y recomponerse. Esto es grave. Mientras en Venezuela o en Nicaragua nadie confía en una justicia controlada por sus gobiernos, en países como Colombia solo la alta magistratura ha mantenido los estándares democráticos y ha evitado que el país cayera en la locura uribista total; en España la población ha depositado toda la confianza en los jueces ante la podredumbre del sistema político.

En Panamá, la democracia es una palabra vacía de contenido a la espera del certificado de defunción que llegará, probablemente, con el acto final de Martinelli: él lo tiene diseñado, aunque nosotros no podamos intuirlo con claridad.

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