REFORMA PENDIENTE

Hacer justicia, una necesidad imperante: Andrés L. Guillén

No ya en el futuro, sino en el presente, debemos juzgar nuestro sistema judicial panameño a sabiendas de lo mucho que hay por hacer para mejorarlo y lo poco que hasta la fecha se ha hecho, tanto por las pasadas administraciones como por la actual.

Hacer justicia es una necesidad imperante en toda sociedad civilizada pues es la base de toda democracia y un requerimiento primordial para establecer un estado de derecho donde se respete la Constitución y las leyes.

En nuestra democracia, el “poder público” que emana del pueblo juega un papel importantísimo en ese marco legal y constitucional que en la práctica ejercen en Panamá los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La tarea de organizar el sistema judicial a través de metas a corto, mediano y largo plazo involucra a todos aquellos que conforman ese poder público, liderados, en el mejor de los casos, por el Órgano Judicial.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público saben lo que tienen que hacer gracias al esfuerzo de la Comisión de Estado por la Justicia que presentó su informe al gobierno de turno en septiembre de 2005.

Este informe contiene 27 propuestas organizadas en cinco áreas prioritarias que definen la agenda de la reforma judicial y que también sistematiza la ejecución de dicha tarea. Los objetivos básicos del Pacto de Estado por la Justicia fueron suscritos en marzo de 2005 durante la administración del presidente Martín Torrijos.

Se dio un plazo hasta diciembre de 2009 para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público transparentes, imparciales, independientes, eficientes, eficaces y competentes, pero después de ocho años (2005-2013) de haberse entregado la agenda de reforma judicial es muy poco lo logrado (solo 35% de las propuestas) y esto a pesar de un préstamo de $21.6 millones que dio en 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementarlas y de una prolongada bonanza económica durante estos últimos cuatro años (2009-2013) con presupuestos estatales de miles de millones de dólares anuales.

Aun así se alega que el retraso en su implementación se debe a que los acuerdos surgen sin soporte económico y que estos siguen a merced de los presupuestos de las instituciones ejecutoras (ninguna de estas goza de autonomía financiera).

No es extraño pues que un reporte publicado en 2012 por el Foro Económico Mundial sitúe a Panamá en el puesto 133 de 142 países en materia de independencia judicial, muy por debajo de los demás países latinoamericanos (solo superamos a Nicaragua, Venezuela y Paraguay).

El monitoreo del cronograma propuesto inicialmente se hace a través de una Secretaría Técnica adscrita a la Procuraduría de la Administración, pero los integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia desafortunadamente carecen de un verdadero liderazgo y se guían más bien por una mentalidad de feudos, cada uno por su propio territorio. Lo importante es que el próximo gobierno retome estos acuerdos y los ponga en práctica.

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