PUNTO MEDIO

Hidroeléctricas y desarrollo: Luis Rubén Paz Mollah

El país ha sido testigo, una vez más, de lo que sucede cuando no se escucha el clamor del pueblo. No es la primera vez que esto ocurre en el desarrollo de la nación como República, pero es más triste y preocupante que se repita la historia. Hay que reconocer el valor de los hermanos indígenas y la serenidad de la cacica Silvia Carrera y analizar, con seriedad, sus peticiones en la búsqueda de una solución que satisfaga a todos lo mejor posible.

Vivo en el distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, y al igual que todos los moradores en esta provincia, comparto su belleza y me solidarizo con el sufrimiento de sus pobladores, porque acá las desdichas no afectan solo a los indígenas, ya que la pobreza y las enfermedades no hacen distingos, aunque parecen ensañarse con los aborígenes. Estoy de acuerdo con las hidroeléctricas siempre que se hagan respetando el ambiente y causando el menor daño posible, porque pienso que se debe impulsar el desarrollo del país sin afectar a nadie o paliando los perjuicios de forma real y permanente. Otra cosa es la minería, un tema mucho más complejo.

Hemos visto cómo se hizo una importante hidroeléctrica en nuestro río Changuinola, que ahora ha perdido parte de aquella prestancia, y sus aguas que antaño tenían manatíes y otras especies exóticas, ya no sirven para alimentar a los que viven en sus riberas. Para construir esa obra instalaron unos infames tanques de almacenamiento de cemento y cenizas volantes con alto contenido de sílice cristalino; afortunadamente, ya los quitaron del puerto de Almirante, en donde estaban. Varias veces se produjo mortandad de peces en la bahía de Almirante y nunca se pudo explicar la causa de forma convincente, no se puede culpar a la empresa constructora, pero siempre quedará la duda. Los moradores fueron desplazados de sus tradicionales áreas de vivienda. El precio enorme del progreso.

Durante muchos años he insistido en que una forma justa de compensar a todos los moradores de distritos en los que se construyan hidroeléctricas, sería estableciendo por ley una tarifa máxima de no más de cinco centésimos por kilovatio para residencias y siete para comercios e industrias ubicadas en el distrito correspondiente, lo que impulsaría el desarrollo de estas empobrecidas áreas, promovería el turismo y sería una forma justa y adecuada de compensarnos. He escrito sobre este tema, procurando que los legisladores tomasen cartas en el asunto, pero a ninguno parece importarle que esto, incluso, ayudaría al Gobierno a dar una solución convincente al problema de los recursos hídricos y de ninguna forma llevaría a la ruina a las empresas generadoras, porque el consumo en esos distritos apenas sería una leve mordida ante lo que gastan y despilfarran en otras cosas.

¿Hidroeléctricas? Sí, pero que nos beneficien de verdad, respetando nuestro ambiente y nuestra dignidad, facilitándonos la calidad de vida; no enriqueciendo las arcas de los que ya tienen tanto.

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