SOCIEDAD

Igualdad ante la ley: Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –En un estado de derecho, los tribunales importan y el tribunal más alto del país importa mucho. Podrá haber casos excepcionales que erosionen gravemente la confianza de cada quien en una Corte Suprema como la de Estados Unidos –para mí, fue el fallo en Bush versus Gore (que entregó la Casa Blanca a George W. Bush en 2000), y para otros será Roe versus Wade (que legalizó el aborto). Pero uno termina por aceptar que fortalecer la institucionalidad de la Corte Suprema es parte esencial de luchar por un país más justo. Construir un estado de derecho es una tarea que no termina nunca.

Por ello nos debe impresionar que la semana pasada en Washington centenares de personas hicieron fila por varios días en la acera frente a la sede de la Corte Suprema –bajo nieve y frío intenso– para entrar a las audiencias sobre la constitucionalidad de leyes que restringen el matrimonio gay en Estados Unidos.

Aquí me detengo a explicar que la Corte Suprema de Estados Unidos (a diferencia de la panameña) no está obligada a aceptar todos los casos que le llegan. En la actualidad, unos nueve mil casos anuales piden la intervención de la Corte, pero ella acepta solo unos 150. Obviamente, la Corte trata de escoger los casos de más relevancia, sea en lo jurídico o en lo práctico. Por otro lado, todos los fallos salen en menos de un año; ningún caso queda engavetado. Y jamás, en la era moderna, he visto acusaciones de que la Corte Suprema estadounidense vende sus fallos al mejor postor, como un cable de Wikileaks denunció –vergonzosamente– que es la costumbre en Panamá. En Estados Unidos, muchos criticarán la integridad ideológica o intelectual de un magistrado u otro, pero nadie habla de franca corrupción.

En cuanto al matrimonio gay, se anticipa que la Corte Suprema de Estados Unidos emitirá su fallo en junio o julio y que será favorable en cuanto a las leyes federales, aunque quizás mantenga la tradición de que cada estado siga regulando el matrimonio a su manera. En la actualidad, nueve estados y el distrito de Columbia permiten el matrimonio gay y 30 lo prohíben, pero la presión social está muy a favor de permitirlo. Varios políticos ultraderechistas –entre ellos, Dick Cheney– abogan por el derecho de “casarse con quien uno quiera”. (Cuando Cheney y yo estamos de acuerdo sobre algo, verdaderamente no queda nada por discutir).

Uno de los casos que se debatió ante la Corte esta semana presenta el tema en términos clarísimos. En 1996, el Congreso federal aprobó la ley Defensa del Matrimonio (o DOMA, por sus siglas en inglés) requiriendo que el gobierno federal solo reconozca matrimonios “entre un hombre y una mujer”, y negando beneficios de cónyuge o viudez a todo matrimonio que no cumpla con ese requisito. Edie Windsor y Thea Spyer vivieron juntas en Nueva York por 44 años y en 2007 se casaron en Canadá; el estado de Nueva York reconoció el matrimonio. Pero cuando Spyer murió, DOMA impidió que el gobierno federal reconociera el matrimonio y otorgara a Windsor la exoneración de impuestos, por viudez, a la que de otra manera hubiera tenido derecho. Para Windsor, los impuestos de herencia fueron la no pinche suma de 363 mil dólares, pero en el plano nacional, lo crucial es que este tipo de discriminación afecta a innumerables cónyuges gay que de otro modo tendrían derecho a pensiones de seguro social y a todos los otros beneficios que el gobierno federal estadounidense concede a parejas casadas.

Esto es una discriminación cruel e inconstitucional. Así han fallado todos los tribunales inferiores que han considerado el tema en Estados Unidos. Cada religión tendrá su propio dictamen sobre el matrimonio, pero simple “igualdad ante la ley” es lo que debe imperar en un estado de derecho.

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