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EL MALCONTENTO

Impunidad, el paraguas de los gorilas: Paco Gómez Nadal

Las bandas de narcotraficantes, los pandilleros violentos, el crimen organizado saben que su mejor paraguas es la impunidad que reina en algunos países. Sistemas judiciales de cartón que están vacíos por dentro, sobreproducción de leyes inútiles para mantener la ficción del estado de derecho, miles de abogados que pululan por las cañerías del sistema solo para engrasar el castillo de mentiras y olvido sobre el que reposa la autoridad.

Los gobiernos también saben eso. No hay mejor paraguas para los gorilas con armas y para los monos con saco y corbata que la impunidad. Hay dos formas de impunidad. La primera es legal: los actos criminales e ilegales no tienen consecuencias negativas para el victimario y la víctima sabe que, además de no conseguir justicia, se llevará de ñapa el estigma, la segregación (la víctima se convierte en su propio victimario). La segunda es el olvido: cuando las sociedades dejan de recordar quiénes son los verdaderos criminales, cuando les dejan ir a comer a restaurantes, pasearse por las calles “impunemente”, dar discursos y recibir medallas, se legitima el delito, se transmite la idea de que matar, robar o corromper es lícito mientras no te agarren.

El actual Gobierno de Panamá conoce bien este paraguas y se protege de la lluvia de la legalidad con maestría. Para conseguirlo, ha abducido al sistema judicial provocándole un daño que durará décadas en repararse; coopta a la Asamblea Legislativa para jugar con las leyes a su antojo; utiliza a las fuerzas de seguridad como tropas de choque para controlar a la población (supuesto sujeto de la democracia que se convierte en víctima de la autocracia).

Tras la crisis no cerrada con los Ngäbe-Buglé, los acuerdos firmados vuelven a legitimar el crimen. En cualquier negociación tras una represión tan brutal y dolorosa como la ejecutada por los hombres de Gustavo Pérez (mano derecha de un exdictador encarcelado al que, paradójicamente, ahora debe custodiar), el primer punto debería estar tallado en piedra: “Investigación y procesamiento de los autores materiales e intelectuales de la represión”. Es evidente que el Gobierno jamás firmaría un papel así porque sería como encarcelar a medio Gabinete, pero, al menos, no deberíamos dejar que la impunidad siga alimentándose desde el olvido.

No hay responsables (ni materiales ni intelectuales) encarcelados por las ocho muertes y los centenares de heridos provocados por la represión policial en Bocas del Toro en 2010; tampoco conocemos de una sola acción seria del Ministerio Público o del Órgano Judicial sobre lo acontecido en la Vía Interamericana en febrero de 2011, y, por supuesto, no veremos entre rejas a los verdaderos culpables de haber mandado quemar vivos a los muchachos del Centro de Cumplimiento de Tocumen.

La impunidad no ha sido paraguas de uso exclusivo de este Gobierno. Pero es cierto que durante el reinado privado y privativo de Martinelli se ha perfeccionado.

Va mal un país donde para conseguir el suministro de agua en los barrios de Colón, o para que se respeten las leyes orgánicas sobre las comarcas, o para exigir la consulta pública en los grandes proyectos agresivos se tenga que derramar sangre y que los culpables de los atropellos jamás paguen por sus maldades. Va camino del totalitarismo porque los notables del poder se sienten dueños de la justicia y la distribuyen según su antojo e intereses.

La impunidad es el paraguas de los gorilas y, por desgracia, son ellos quienes nos gobiernan. La Policía Nacional se ha convertido en el enemigo número uno de la población civil y esto es peligroso incluso para Martinelli y sus secuaces. A menudo me reclaman propuestas y esta es una muy clara: antes que la Constituyente Originaria, antes que cualquier otro paso en el fangoso terreno político del país, hay que limpiar la justicia. En Panamá se discutió hasta la saciedad para llegar al Pacto de Estado por la Justicia y ese pacto fue mancillado por Martín Torrijos y ahora está siendo manchado de sangre por Martinelli. Hay que recuperar el pacto, hay que limpiar el Órgano Judicial y hay que comenzar a dar señales de que en Panamá hay un sistema legal vigente que debe ser respetado por todos (poderosos y excluidos). Al tiempo, hay que destituir de inmediato al director de la Policía Nacional y al pirómano profesional que dirige el Ministerio de Seguridad Pública.

Si no se recupera el prestigio y el respeto hacia el sistema judicial y hacia la Policía, el terreno estará abonado para el ruido de sables, para la perpetuación en el poder o, lo que es peor, para peligrosas tentaciones de levantamientos populares que casi nunca acaban bien. Hay que elegir: o el reinado de los gorilas o la institucionalidad democrática asentada en la justicia.

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