CAMARÓN EN LEY 120

Incoherencias tributarias: Fernando Gómez Arbeláez

Difícilmente en nuestra más que centenaria historia republicana se habrá actuado de manera tan irresponsable y siniestra con la economía panameña que como en vísperas del Año Nuevo, a través de una ley disparatada. Quebrantando normas constitucionales y despreciando la transparencia, de espaldas a una nación que ignoraba sus intenciones, la mayoría oficialista de diputados aprobó, sin previo aviso, análisis ni consulta, una propuesta desconocida que con nocturnidad llegó a la Asamblea Nacional para convertirse en “camarón legislativo” dentro de la Ley 120 de 2013.

En vigencia desde el 31 de diciembre pasado, el día siguiente de su promulgación por el presidente de la República, esta ley trastornadora del Código Fiscal es con certeza la más nociva, absurda y vergonzosa sobre materia tributaria de que se tiene recuerdo.

La Ley 120 tuvo como origen al proyecto de ley 689, presentado a la Asamblea por el Mici para modificar el régimen del Área Panamá-Pacífico, en la antigua base de Howard. El proyecto fue alterado después para autorizar una zona libre en Puerto Armuelles y finalmente, para colar sin asco una reforma al Art. 694 del Código Fiscal. Esta acabó siendo votada por el pleno de la Asamblea, sin discusión, como una pésima broma al país en celebración del Día de los Santos Inocentes.

En la aprobación de esta reforma, los funcionarios involucrados actuaron a sabiendas de que era inconstitucional: no trataba los temas para los que la Asamblea fue convocada a sesiones extraordinarias, bajo el artículo 149 de la Constitución. A ningún diputado le importó que en materia tributaria la iniciativa legislativa no concerniera a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, silenciosa proponente, sino al Ministerio de Economía y Finanzas, solapado cómplice de esta funesta legislación.

Desde su establecimiento, el Art. 694 del Código Fiscal ha sido la norma cardinal que desarrolla al impuesto sobre la renta. Corresponde a la piedra angular que soporta su estructura tributaria. Por numerosas décadas, hasta la entrada en vigencia de la Ley 120, disponía de forma segura y confiable que el objeto del impuesto es la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, “dentro del territorio de la República de Panamá”. La Ley 120 desfiguró el artículo para hacer gravable a la renta producida “dentro o fuera” del territorio panameño.

Esta modificación, aparentemente simple, representa un cambio radical en nuestro sistema impositivo, uno que destruye sin contemplaciones al principio de territorialidad, sustento en buena parte de la economía panameña de servicios, en particular de los relacionados con sociedades anónimas, naves, mercado de valores y banca, entre muchos otros.

La caprichosa destrucción del sistema tributario imperante hasta el 31 de diciembre es apenas una de las tantas incongruencias que caracterizan a la Ley 120. Su texto es un remiendo de incoherencias tributarias que por lo contradictorio de su redacción apresurada carece de lógica y explicación. Por ejemplo, la ley exceptúa de esta nueva y única “renta mundial” a ciertos tipos de empresas, incluyendo a los bancos, sin observar que la “renta territorial” dejó de existir en Panamá tras ser eliminada por ella misma. Para esas empresas exceptuadas no subsiste en el Código Fiscal ningún fundamento jurídico que permita cobrarles un impuesto sobre la renta.

La ley mantiene la definición original de “contribuyente” en el Art. 694: “persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que perciba la renta gravable objeto del impuesto”. Esto lleva al absurdo de que hasta un extranjero con domicilio en el exterior y renta exclusiva del extranjero, o “renta mundial”, debe pagar impuesto sobre la renta en Panamá.

Hoy, tras la subrepticia reforma que consterna a panameños y a extranjeros, miles de usuarios alrededor del mundo se preguntan si en Panamá hay autoridades que, sin rendir cuentas a nadie, derogan leyes a su antojo. O si tenemos autoridades que a escondidas de todos arruinan de un plumazo a un experimentado sistema, confiable y rentable, sin que nadie sepa por qué. Los usuarios no tienen las respuestas porque los panameños, dada la arbitrariedad y falta de transparencia del gobierno, las ignoramos por igual.

Aunque el gobierno ya anunció que derogaría la citada ley, el gravísimo daño a la credibilidad, imagen y economía está hecho. No hay excusa que valga para haber pasado tan negativa reforma a espaldas de toda una nación. Los funcionarios involucrados en este fiasco, sea por acción u omisión, deben asumir las consecuencias.

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