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¿INCONSTITUCIONALIDAD?

Indemnizaciones desiguales: Luis Antonio Pereira Sánchez

Recientemente se promulgó la Ley 20 de 2013, que entre otras cosas otorgaba una “pensión vitalicia de carácter especial” por 600 dólares a favor de las víctimas reconocidas del envenenamiento masivo por dietilene glycol. Esto nos hace reflexionar acerca de las implicaciones jurídicas de tal medida.

Es común que las partes de un proceso quieran llegar a un acuerdo sin acudir a los tribunales. Sin embargo, esta lógica no aplica exactamente al Estado. Las normas procesales establecen algunas regulaciones especiales que tienden a dificultar tal opción al Estado. Por ejemplo, el Art. 1083 del Código Judicial señala que “los representantes del Estado... y cualquier otra institución..., no podrán transigir sin autorización expresa del Consejo de Gabinete, del Consejo Municipal o del organismo o corporación que deba darla según la ley”. En la práctica, es raro que tal autorización sea otorgada. ¿Cuál es la razón para esta regulación especial? Posiblemente, la noción de que tal cuestión guarda importante relación con el principio de igualdad jurídica y algunas experiencias recientes en Panamá demuestran el punto.

Por ejemplo, en el caso de la caída del helicóptero SAN-100, ocurrido el 29 de mayo de 2008, en el que fallecieron militares chilenos y sus acompañantes, así como el personal panameño, Chile fue tajante al exigir una indemnización. A raíz de tal presión, se estableció una mesa binacional que llegó a una estimación de los daños, reconocida mediante Resolución de Gabinete No. 67, de 18 de junio de 2009, fijando el monto en poco más de seis millones de dólares, y se hizo efectivo pocos meses después, mediante un crédito adicional autorizado por la Resolución de Gabinete No. 120, de 18 de septiembre de 2009.

Sin embargo, el personal panameño que pilotaba el avión, así como otras personas y dueños de negocios afectados por tal hecho, no gozaron de este procedimiento especial y, a la fecha, muchos todavía esperan la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema; tras casi cinco años luego del incidente, teniendo incluso que soportar una incomprensible (por incongruente) apelación de la Procuraduría en su demanda, en tanto que con la indemnización pagada a los ciudadanos chilenos se reconoció la responsabilidad del Estado.

En este caso, fue evidente la desigualdad jurídica entre afectados de un mismo hecho, soportando un largo proceso judicial que agota buena parte de los recursos que esperan recibir como indemnización, si es que la Corte no dictamina una eventual (y también incomprensible) absolución del Estado, y sin considerar el tortuoso proceso de pago de tal indemnización por el Estado.

En el caso de las víctimas del dietilene glycol esta pensión, que no es más que una indemnización con un nombre rebuscado, también presenta problemas. Primero, como bien lo afirman los afectados, no era justo que tuvieran que ir a la calle a exigir tal indemnización y que, además, no fuesen recibidos en una mesa de diálogo, tal como en el caso del SAN-100. Segundo, que tal indemnización no es el resultado de un cálculo basado en la pruebas de la magnitud del daño individual de cada afectado, por tanto, ha favorecido a algunos y perjudicado a otros. Además, hay que ver cuándo se hará efectivo el pago, porque no estaba contemplado en el presupuesto del año 2013.

Incluso así, cabe preguntarse por qué semejante pensión no se ha otorgado, por ejemplo, a los sobrevivientes del bus quemado, como Lidia Atencio y Luis Contreras, así como a los deudos de los fallecidos en una muerte tan horrenda, o en las muertes por KPC. ¿No supone esto una forma de discriminación injustificada? Igualmente, se afecta el principio de equidad, establecido en el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 51 de 2005, al otorgar pensiones de oficio con preferencia a otros miembros del sistema de seguridad social, que tienen que solicitarla por muy mal que sea su condición de salud.

Por último, y esto es lo más preocupante, esta práctica –que no está regulada en forma detallada en la legislación panameña– puede ser el foco de tramas de corrupción difíciles de comprobar. Por ejemplo, en la simulación de un hecho dañoso y en la asignación de una indemnización sobrevalorada, precisamente, porque tal mecanismo no exige una demostración transparente de los daños.

Este último ejemplo nos devuelve al punto de partida. Los agentes privados pueden decidir transar selectivamente con solo alguno de los miembros de la contraparte, porque es su dinero y su decisión. Este razonamiento no aplica al caso del Estado, por cuanto se trata de dinero público, que debe recibir el tratamiento que garantice la transparencia y, sobre todo, la igualdad de todos los ciudadanos.

Así, quedamos ante tres opciones, o sometemos a toda persona que sufre un daño al rigor del proceso judicial ante la Sala Tercera –solución clásica aunque difícil para las víctimas más desprotegidas– o establecemos un sistema comprensivo de seguro contra daños para facilitar la reparación –solución ambiciosa, pero de difícil aplicación– o logramos que los servicios públicos funcionen correctamente y se eviten los daños a las personas y sus bienes. Evidentemente, la última es la mejor. Lo que es claro es que mantener un sistema ambiguo como el actual, no genera más que soluciones injustas y, en últimas, inconstitucionales.

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